Defensor insta a Comunidad y Ayuntamiento a adjudicar pisos a los afectados por venta de viviendas del IVIMA y la EMVS

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha instado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid a asignar nuevas viviendas a los afectados por la venta de 3.000 viviendas del antiguo Ivima en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs Azora por 201 millones de euros y por la de las 1.860 propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a Blackstone el mismo año.

Así lo recomienda el órgano en su informe de 2019, en el que pide que se atiendan su necesidades habitacionales de manera "ágil y eficaz" y pone le foco en que sería una "mera asignación" de una adjudicación previamente realizada.

Expone que la adjudicación de una vivienda "otorga derechos a los ciudadanos" y que los afectados por esta venta tienen un derecho "reconocido, válido y eficaz" a una vivienda protegida; un derecho que "no se encuentra ligado a una vivienda concreta" sino a "la necesidad de vivienda".

Para el Defensor del Pueblo la adjudicación "continúa en vigor con independencia" de las actuaciones llevadas a cabo entre la empresa privada del inmueble y sus adjudicatarios. Rechazan así la postura de ambas administraciones que, según recoge el informe, argumentaron que los afectados podían pedir de nuevo la adjudicación de una vivienda.

Este órgano ha explicado que sus actuaciones comenzaron en 2013 cuando solicitó al Gobierno regional que explicase cómo se iba a desarrollar el proceso de vivienda pública protegida a empresas privadas. Cuatro años más tarde, "ante el elevado número de ciudadanos afectados por este problema, inició nuevas actuaciones, esta vez tanto hacia el Gobierno autonómico como al Consistorio de la capital.

"Ya en aquel año, esta institución advirtió de que el cambio de propietario tenía consecuencias de importancia para los inquilinos pues carecían de medios de oposición frente a las medidas adoptadas por el nuevo propietario arrendador, de manera unilateral", ha apuntado el Defensor del Pueblo, que ha puesto como ejemplo las subidas de renta, la obligación de contratar un seguro o los gastos de comunicad.

En esta clave, ha añadido que la "situación de los inquilinos varía", al pasar de ser los destinatarios directos del servicio público de promoción de viviendas a ser "sujetos de una relación arrendaticia de carácter privado" en la que no existe una "posición de igualdad real" con el arrendador.