MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Institución del Defensor del Pueblo ha criticado la "sobrecarga" de trabajo en los Juzgados madrileños "por problemas sociales al aumentar el número de procedimientos concursales y no concursales", tras las quejas planteadas por los funcionarios del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid.
Según se desprende del Informe Anual 2011 de esta institución, tras tener conocimiento el Consejo General del Poder Judicial de la situación descrita, se acordaron unas medidas de refuerzo, hasta que finalmente se optó por la creación de un juzgado bis, para lo cual se autorizó el nombramiento de un juez y un secretario sustituto por el Ministerio de Justicia.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid alegó falta de recursos para nombrar a los funcionarios por lo que actualmente, los funcionarios del Juzgado de lo Mercantil número 3, a juicio de esta institución, "deben asumir también las competencias del bis creado".
Tras solicitar el informe a la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, "se confirmó la falta de autorización de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos para el nombramiento de dichos funcionarios de refuerzo".
No obstante, para tratar de paliar la situación de los Juzgados de lo Mercantil, se ha aprobado la concesión de siete prolongaciones de jornada a los funcionarios que integran la plantilla de la sede judicial, es decir, dos gestores procesales, cuatro tramitadores procesales, y un auxiliar judicial para apoyar la labor del juzgado bis.
Sin embargo, a la espera de completar la investigación con la información solicitada al Consejo General del Poder Judicial, sigue en trámite la queja, ha indicado la defensora del Pueblo.
Además, ha indicado que por una situación similar presentaban queja, actualmente en trámite, los propios funcionarios del Juzgado de lo Mercantil número 4 también de Madrid, que manifestaban que el personal se había reducido tras el cese de dos funcionarios de refuerzo, que no han sido renovados en sus puestos, a diferencia del juez y el secretario, que sí que lo han sido. Además, alegaban que el número de funcionarios de ese órgano judicial era inferior al de otros juzgados.
La respuesta de la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid "estuvo en la misma línea argumental que en el supuesto anterior", que al tratarse de personal de refuerzo, y, por lo tanto, no incluido en la plantilla orgánica de la sede judicial, "su provisión corresponde a una situación extraordinaria sin que, por el momento, la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos haya autorizado su nombramiento".
No obstante, han manifestado que "si bien en otros órganos judiciales se ha tratado de paliar la situación con prolongaciones de la jornada de los funcionarios, por parte de ese Juzgado no ha sido solicitada", añadiendo que el número de funcionarios en plantilla "es el mismo que en otros Juzgados de lo Mercantil de Madrid".
Mención aparte han concedido a la situación de los juzgados de lo contencioso administrativo cuya carga de trabajo "redunda indefectiblemente en la vulneración de la tutela judicial efectiva, y el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, tal y como prevé el artículo 24 de nuestra Constitución".
Según el informe del Defensor del Pueblo, se admitió a trámite la queja de un interesado que exponía que habiendo presentado demanda contencioso-administrativa en el año 2010 en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid, había sido citado para la vista señalada el día 15 de enero de 2015, cinco años después de la presentación de su demanda.
"El Consejo General del Poder Judicial no pudo más que confirmar este dato, alegando que dicho órgano judicial soportaba una extraordinaria carga de trabajo, llegando a superar la entrada de asuntos en un 120 por ciento el indicador fijado por el Consejo como criterio técnico", ha señalado.
Así, el Servicio de Inspección del Consejo realizó como primera propuesta "que en la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, se proceda al incremento progresivo de nuevas plazas de magistrados en la Comunidad de Madrid, con el fin de colaborar con los actuales titulares en la asunción de la considerable carga de trabajo existente en la citada comunidad autónoma, en su defecto, se proceda al nombramiento de un juez sustituto por cada dos órganos judiciales, que asuman transitoriamente idéntico contenido".
A lo largo del año, ha estado vigente un Plan de Choque para los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 1 a 27, asignándoles un total de cinco jueces sustitutos de apoyo, adjudicando a cada uno una carga de trabajo consistente en el dictado, durante el período de seis meses a que se extendió el acuerdo, de setenta sentencias en procedimiento ordinario y ciento cincuenta sentencias en procedimiento abreviado, así como el dictado, en su caso, de los autos de aclaración o subsanación que procedan.
Por último, según informaba el Consejo General del Poder Judicial de su apoyo a la Ley de Medidas de Agilización Procesal, por la que se introduce en sede de los procedimientos abreviados que se tramitan en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, "la posibilidad de evitar la celebración de la vista en aquellos recursos en los que no se va a pedir el recibimiento a prueba y la Administración demandada no se opone a contestar por escrito, en aras a evitar que en aquellos recursos en los que en el acto de la vista quedan conclusos, después de la contestación a la demanda, tenga que esperarse durante largos períodos de tiempo hasta que se celebra aquella, por cuestiones de agenda, al único objeto de que la Administración conteste a la demanda en el acto de la vista".
No obstante, la situación de "sobresaturación" de los juzgados de lo contencioso-administrativo "afecta también a otras comunidades autónomas, lo que dio lugar a la apertura de una investigación de oficio con el Consejo General del Poder Judicial", ha señalado.
Tras solicitar un informe al respecto, "comunicó que en el último informe del Servicio de Inspección se propuso la creación de catorce órganos judiciales en todo el territorio nacional, así como la de nuevas plazas de magistrado en las salas de lo contenciosoadministrativo de los Tribunales Superiores de Justicia como sigue: Madrid: 14; Valencia: 11; Málaga: 5; Granada: 2; Murcia: 1", ha concluido.
