MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha insistido por tercera vez consecutiva en la necesidad de buscar "soluciones transitorias" para devolver la luz a los vecinos de los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana, que llevan más de dos años sin suministro eléctrico.
Según recoge su Memoria de 2022 se han dirigido Recomendaciones a las consejerías de Sanidad y de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid; al Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real; y a los ayuntamientos de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada.
Entiende el Defensor que "la dignidad" del grupo de personas que residen en este enclave "no puede ser protegida adecuadamente" si no tienen acceso a la electricidad. Ha apuntado a varios derechos constitucionales vulnerados en este momento, como el de la integridad física; la vivienda digna; el derecho a la salud; la protección de la familias y menores; y la de la tercera edad.
En este escenario ve "imprescindible" que se de un determinado nivel de acceso a la para poder alumbrarse y calentarse, además de las actividades básicas como conservar alimentos, atender a los deberes escolares o que funcionen los aparatos médicos. Ha resaltado al "especial atención" que necesitan las personas electrodependientes que residan en esta cicatriz urbana.
Para ello, ha reclamado medidas de emergencia que deberían mantenerse, a ojos de Gabilondo, "en tanto no se produzcan los realojos o no sea posible arbitrar una solución transitoria".
EXISTE LA POSIBILIDAD DE UN SUMINISTRO EN CONDICIONES LEGALES
Para Gabilondo existe la posibilidad en determinadas zonas de la Cañada de disponer de suministro eléctrico en condiciones legales, aunque depende de la situación urbanística de las viviendas.
Muchas de estas edificaciones están "fuera de la ordenación urbanística", pero el Defensor del Pueblo sostiene que habría medios para poder habilitar el suministro, aunque sea de forma transitoria. Para ello debería acreditarse primero que están en esta situación y luego que el ayuntamiento expediera la licencia urbanística para la contratación del suministro provisional de electricidad.
"Las administraciones deben tener un papel proactivo en todo este proceso y no limitarse a recibir las solicitudes y documentación que, en su caso, puedan presentar los interesados", concluye Gabilondo en su informe.
