El Defensor del Pueblo pide un nuevo juzgado de Cláusulas del Suelo en Madrid ante el colapso

El Defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Justicia que proceda a la creación de un nuevo juzgado de primera instancia en Madrid sobre Claúsulas del Suelo ante el colapso que existe actualmente por la avalancha de asuntos contra la banca y los retrasos derivados de la primera ola de la pandemia.

Así se desprende del Informe Anual de 2021 en el que da cuenta en el apartado de dilaciones en la Administración de Justicia de la situación del Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid, que ya fue reforzado con la constitución de un juzgado bis en el Plan de Urgencia 143/2021.

Este juzgado mantiene en la actualidad dos medidas de refuerzo judicial, así como el refuerzo de dos letrados de la Administración de Justicia, además de la plaza del titular.

Se trata uno de los órganos judiciales que mayor atención recibe por la carga de trabajo que tiene, por lo que en la actualidad cuenta con seis gestores, veinticuatro tramitadores y seis auxilios judiciales.

Según los datos de este juzgado, el tiempo de respuesta ha sido de 55,29 meses en el primer trimestre de 2021, muy superior a la media del partido judicial que se sitúa en 6,6 meses. El 31 de marzo de 2021 se hallaban pendientes de resolver 66.932 procesos declarativos y 3.139 de ejecución.

"Todas las administraciones con competencias en materia de Justicia reconocen la existencia de un colapso en los juzgados que conocen este tipo de asuntos referentes a cláusulas suelo, y todas consideran que han hecho lo que se les ha pedido por parte del Consejo General del Poder Judicial en relación con el refuerzo de personal del juzgado", recoge el informe.

El documento llama a la atención en que pese a los refuerzos no se ha solucionado el problema, "ni la afectación de los derechos a la tutela judicial efectiva de los usuarios de estos juzgados, que siguen sufriendo dilaciones indebidas en la resolución de sus demandas".

Ante ello, solicita que se cree un nuevo juzgado que tenga atribuido en exclusiva el conocimiento, a nivel provincial, de acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Asimismo, se ha hecho al Consejo General del Poder Judicial la sugerencia de que inicie, en coordinación con el Ministerio de Justicia y las consejerías autonómicas, con competencias transferidas en materia de dotación y medios de la Administración de Justicia, "un estudio sobre la oportunidad de modificar la competencia objetiva y funcional en las materias bancaria y financiera con multitud de afectados, de modo que pueda mejorarse la garantía de los derechos fundamentales de carácter procesal de justiciables y testigos".