MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Delegación del Gobierno en Madrid ha negado hoy que la Policía Nacional desalojara el domingo a una familia en Carabanchel y ha acusado a la concejal presidenta de este distrito, Esther Gómez, de "vertir testimonios falsos que cuestionan el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que día a día llevan a cabo una tarea encomiable para garantizar la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos".
En un artículo publicado el lunes en el Diario del Ayuntamiento, Gómez relató la mediación del Consistorio tras quedarse en la calle una familia en su distrito.
Según cuenta en primera persona, sobre las diez de la noche anterior le advirtieron unas vecinas de la zona y miembros de la asamblea de vivienda del distrito "que la Policía Nacional acababa de desalojar de un piso a una familia con un niño de 15 meses enfermo una familia que se le había dejado en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional".
"Tan sólo el hecho de que hubiera podido producirse un desahucio me preocupaba, pero la situación era especialmente llamativa, dado que, por lo que nos contaban vecinos y vecinas, el desalojo se había producido sin una orden judicial y se estaba dejando en la calle a un familia con un niño enfermo un domingo por la noche; el espanto", expresó la edil en la web municipal.
Hasta el lugar se trasladó rápidamente junto al concejal de Seguridad, Javier Barbero. Dieron la orden de que desplazara el Samur Social para atender a los afectados "para que la familia tuviera todo lo necesario y al menos un lugar para pasar la noche".
Lo que había ocurrido es que la madre del propietario real de la casa había acudido a la misma para limpiarla --ya que su hijo iba a vivir próximamente en ella-- advirtiendo que alguien había cambiado la cerradura. Entonces, llamó a un cerrajero y una vez en el interior del piso comprobó que había enseres que indicaban que alguien estaba viviendo en ella, por lo que llamó a la Policía.
Entretanto, la familia que residía desde hacía 15 días en el piso llegó al lugar y contó a la Policía y al propiedad que alguien le había alquilado la casa. Tras la mediación, la familia abandonó el lugar con lo puesto y fue asistida por los servicios sociales municipales.
LA POLICÍA SÓLO EJERCIÓ LABORES DE MEDIACIÓN
Tras analizar el artículo, la Delegación del Gobierno ha puntualizado que la Policía Nacional se personó en el lugar de los hechos tras la llamada de la propiedad y ejerció una mediación civil entre ambas partes, quedando interpuestas las denuncias correspondientes.
Por ello, el departamento que dirige Concepción Dancausa ha querido dejar constancia en una nota de prensa de la Policía Nacional "en ningún caso ha desalojado a una familia como afirma el artículo firmado por la concejala del distrito de Carabanchel, Esther Gómez".
Y que, por tanto, "no se ha precisado orden judicial alguna, puesto que la labor de la Policía en este caso, ha sido única y exclusivamente, la de mediar civilmente" y que nunca desaloja un domicilio sin orden judicial.
También ha querido recordar que el Cuerpo Nacional de Policía "tiene la obligación de acudir a las llamadas de auxilio y evitar cualquier altercado público que pueda producirse y que cree alarma entre los vecinos, como en el caso en el que se hace referencia" y que una vez los agentes tomaron declaración de las partes "los hechos quedan circunscritos al ámbito judicial".
En consecuencia y en función de lo expuesto anteriormente, la Delegación del Gobierno en Madrid ha lamentado que la información publicada en una web del Ayuntamiento "sufragada con el dinero de todos los madrileños, se publique una noticia sin contrastar, vertiendo así testimonios falsos que cuestionan el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que día a día llevan a cabo una tarea encomiable para garantizar la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos".
Por todo ello, la institución gubernamental ha exigido una rectificación ante una noticia que, a su juicio, "contiene informaciones falsas respecto a la actuación de la Policía Nacional".
GÓMEZ: "POR SUERTE, ALGUIEN PASABA POR ALLÍ"
Por su parte, en el escrito Gómez habla del apoyo facilitado a esta familia desamparada y reflexiona sobre la situación de tantas otras en su mismo caso. De esta forma, señala que acompañó padre el lunes a comisaría para denunciar lo ocurrido y luego mediar para que pudiera recuperar las pertenencias suyas que habían quedado en la casa "gracias a la buena voluntad de todas las partes".
"El padre venía con el niño, al que no tiene con quien dejar mientras su madre está en el trabajo. Éste representa los ingresos más estables que recibe la familia y no pueden permitirse perderslo. Desde que llegaron a España --son sudamericanos-- y pese a que él es un trabajador cualificado, no ha logrado estabilizar su situación laboral y, por tanto, económica", ha continuado.
Además, el padre estaba preocupado porque ese día empezaba una suplencia de 20 días, un empleo que seguramente haya perdido tras lo sucedido.
Según ha explicado la concejal, debido a su procedencia --son sudamericanos-- y a su inestabilidad económica no habían logrado acceder a una vivienda en un régimen de alquiler normal, pues "nadie les fiaba y ellos tienen pocos ingresos".
"Por eso, cuando alguien les propuso entrar a vivir en una casa que decía que era suya, a cambio de una cantidad que podían permitirse pagar, aceptaron sin un contrato por escrito", ha esgrimido.
Gómez critica que esta situación "se repite en demasiadas ocasiones y con demasiadas familias, casi como un patrón organizado, como un negocio perfectamente establecido". "Y es que la necesidad y la desprotección son el caldo de cultivo idóneo para las mafias. Una realidad cada vez más evidente, que no es sino una más de las consecuencias del modelo inmobiliario como negocio que no toma en cuenta el derecho a la vivienda", ha apuntado.
Tras lo ocurrido, la edil se pregunta "cómo es posible que en nuestra ciudad una familia humilde y trabajadora no pueda ganarse la vida y salir adelante; qué política se ha hecho para que, en lugar de ayudar a la gente, tengamos un modelo que parece diseñado para retener a los más desfavorecidos en la pobreza y la exclusión; y cómo es posible que estas mafias actúen con impunidad mientas tanta gente sufre por ello".
En ese punto, Gómez ha dado las gracias al Área de Gobierno de Derechos Sociales, "trabajadores y usuarios que se tendrán que enfrentar a procedimientos diseñados para expulsar al usuario del sistema de servicios sociales en lugar de darle una atención efectiva".
"Esto es algo que sin duda debemos cambiar cuanto antes. La Administración debe dejar de ser un martillo que golpea al más débil para ser una mano tendida a quien está en el suelo", asegura.
Por último, la concejal de distrito de Carabanchel se ha preguntado si no habría sido mejor remediar las razones que dan lugar a esta situación para evitar que llegue a ocurrir.
"Por suerte alguien pasaba por ahí, por suerte alguien avisó de lo que estaba viendo: una familia se quedaba en la calle. Por suerte se corrió la voz, por suerte recibí ese mensaje. Pero la suerte sin más no existe, la suerte es la respuesta de una sociedad organizada que ha demostrado estar a la altura del momento de necesidad que vivimos. Ahora hay que desarrollar una institución a la altura de esa sociedad, para que las cosas no dependan de que alguien pase por ahí", ha concluido en su relato.
