El delegado celebra que el rechazo del Supremo a la suspensión de traslado de menores migrantes "prioriza la dignidad"

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid para suspender doce actos administrativos de traslado a la región de menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta y Canarias.

"El interés y la protección de la infancia debe estar siempre por encima de cualquier otro cálculo político. Hoy se prioriza la dignidad y el bienestar de los menores migrantes que han vivido situaciones de vulnerabilidad extrema", ha manifestado Martín en su perfil oficial de la red social 'X'.

Así, el delegado del Gobierno ha aseverado que "la solidaridad y la justicia" deben ser la "fortaleza" de esta sociedad. El delegado ha celebrado así la decisión de la Sala Contencioso-Administrativa, que explica en su auto que los actos administrativos fueron dictados por las oficinas de extranjería dependientes de la Delegación del Gobierno en Ceuta y de las Subdelegaciones del Gobierno en las islas.

Según los magistrados, el cauce de impugnación elegido por la Comunidad de Madrid es "la vía de hecho que imputa al Gobierno de España por no haber dictado la norma que determine el número de menores que han de desplazarse a cada comunidad autónoma receptora".

El alto tribunal responde que la medida interesada choca con el obstáculo de que la vía de hecho constituye una "actuación material, lo que no es predicable de unos actos formales, de mero trámite, cuyo contenido se restringe a disponer la iniciación de un procedimiento administrativo".

A ello añade que la suspensión de los procedimientos y, con ello, la paralización del traslado de los menores, causaría "graves daños", recordando que en un auto de marzo de 2025 dictado en otro procedimiento apreció que los menores extranjeros no acompañados se encontraban en Canarias en un "notorio estado de hacinamiento, en abierta incompatibilidad con el superior interés del menor que es de obligada salvaguarda por los poderes públicos".

"Si ahora acordamos la suspensión de las disposiciones tomadas por la Administración del Estado con el propósito de evitar esta situación, entonces no solo caeríamos en contradicción con nuestra anterior resolución, sino que facilitaríamos el mantenimiento de unas circunstancias que ya hemos considerado gravemente perjudiciales para los menores", sostiene el Supremo.