Directivos de la propietaria de Tribulete 7 niegan acoso y que las obras busquen generar daños a vecinos

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Directivos y empleados del fondo de inversión ELIX, propietaria del edificio de la calle Tribulete número 7 del barrio de Lavapiés, han negado durante su declaración judicial que se esté incurriendo en un acoso inmobiliario respecto a los residentes y que las obras iniciadas en noviembre de 2024 busquen generar daños a los vecinos para forzar su salida.

La jueza que instruye el caso ha interrogado este jueves por un presunto delito de acoso inmobiliario a varios directivos y empleados, entre ellos al socio fundador de la empresa; al director de Expansión; y al arquitecto responsable de las obras.

Las vecinos de Tribulete llevan más de dos años resistiendo en sus viviendas y llevando a cabo la estrategia #NosQuedamos junto con el Sindicato de Inquilinas, que les ha permitido permanecer en sus viviendas pese a la finalización de sus contratos de alquiler.

La letrada Alejandra Jacinto, que representa al sindicato, ha señalado que la propietaria ha tirado "balones fuera" durante la comparecencia, indicando que "las obras no estaban encaminadas a generar daños a los vecinos, a los inquilinos" reconociendo que pueden dar lugar a molestias pero sin que se esté produciendo un supuesto de un acoso inmobiliario.

Para la abogada, no queda claro por qué la propietaria del inmueble no ha iniciado los correspondientes procedimientos de desahucio, tomándose "la justicia por su mano y haciendo una vía de hecho que pasa por ejecutar unas obras y hacer a los inquilinos la vida insoportable".

"Prueba de la efectividad de estos métodos es que a día de hoy, quedan apenas 15 viviendas ocupadas de 52 viviendas ocupadas que había antes del inicio de las obras", ha censurado.

Las declaraciones se retomarán el próximo 3 de marzo cuando comparezcan el portero de la finca, el arquitecto de los vecinos y el jefe de obra.

El sindicato va a solicitar más diligencias como, por ejemplo, requerir a Policía Municipal los informes que en su caso hubiesen elaborado como consecuencia de las llamadas que han realizado muchos de los vecinos alertando del daño concreto que estaban provocando las obras en sus vidas y en su cotidianidad.

La letrada recuerda que "este tipo de delictivo, el delito de acoso inmobiliario, es un delito que lo que contiene es impedir el uso legítimo de la vivienda". "Y eso es precisamente lo que nosotros creemos que queda acreditado con las declaraciones", ha subrayado.

"Celebramos que la querella al menos de momento haya servido para que cesen esa tortura que están sucediendo los vecinos cesen esas obras de esa manera y aunque ahora se sigan realizando trabajos pues se hagan de una forma mucho más respetuosa", ha añadido.