La disolución del jurado por el 'pique' mortal de la M-30 revela los fallos del sistema de participación ciudadana

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

La disolución del jurado popular del juicio del 'pique' mortal de la M-30 tras la fuga de un acusado ha revelado las sombras de este sistema de participación ciudadana al tener que anularse toda la prueba testifical y pericial practicada durante dos semanas, entre ella el duro relato de la viuda del médico fallecido.

La invalidez del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid supondrá su repetición y la selección de un nuevo tribunal de jurado, lo que evidencia la fragilidad de este sistema por la no previsión de incidentes procesales graves.

El jurado popular en España es una figura prevista en el artículo 125 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la Administración de Justicia.

Su regulación moderna llega con la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995, que instauró un modelo en el que ciudadanos deciden sobre los hechos y un magistrado profesional que aplica la ley. No todos los delitos pasan por jurado: se reserva a ciertos casos como asesinato, homicidio, cohecho o malversación.

El proceso de selección de candidatos busca evitar sesgos, partiendo de un censo electoral. Se realiza un sorteo inicial de unas 36 personas. Tras depuraciones, quedan nueve jurados titulares y dos suplentes.

Estos ciudadanos deben cumplir requisitos básicos como ser mayor de edad, saber leer y escribir, no tener antecedentes incompatibles, etc. y reciben compensación económica por su labor. El magistrado-presidente dirige el rumbo del proceso, pero no decide los hechos. Son los miembros del jurado quienes escuchan pruebas y testimonios.

Al término del juicio, se les entrega lo que se conoce cómo el objeto del veredicto, que se formula en base a las votaciones: siete votos para declarar culpable y cinco votos para declarar no culpable. Después, el presidente del tribunal dicta sentencia conforme a ese veredicto.

CASO WANNINKHOF

La disolución del jurado en el caso de la M-30 no es solo un incidente aislado. El precedente más conocido de un jurado invalidado en España se produjo con el conocido caso Wanninkhof, ejemplo de cómo un procedimiento con jurado puede tener errores graves y consecuencias judiciales.

Se trató de un proceso por el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof en 1999, en el que un jurado popular condenó inicialmente a una mujer, Dolores Vázquez, que posteriormente fue exonerada tras aparecer nuevas pruebas que apuntaban a otro autor. La resolución del caso supuso la nulidad de la condena y la repetición del procedimiento.

Recientemente, Dolores Vázquez reclamó una disculpa y una reparación económica por parte del Gobierno por los años que pasó encarcelada siendo inocente.