COLLADO VILLALBA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
Dos juzgados han dictado medidas cautelares que obligan al Ayuntamiento de Collado Villalba al pago de más de 200.000 euros a Cofely, en concepto de facturas e intereses de demora, por los trabajos realizados en el municipio, al ser concesionaria del contrato de eficiencia energética.
Los autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, no son firmes, por lo que el Ayuntamiento puede presentar recurso. Ambas resoluciones han sido dictadas por los juzgados de lo Contencioso Administrativo 13 y 16 de Madrid. Cofely es una de las empresas presuntamente vinculadas a la trama que investiga la Operación Púnica.
En el auto emitido por el juzgado 13 el juez estima "parcialmente" la solicitud de medida cautelar solicitada por Cofely y requiere el "cumplimiento inmediato de la obligación de pago" de 181.862,50 euros más 1.026,80 euros en concepto de intereses devengados en el momento de la presentación de la reclamación extrajudicial. Además, se aclara que las medidas cautelares tendrán lugar si la empresa ha cumplido con el contrato.
De este modo, el Ayuntamiento debe pagar "siempre y cuando por la parte recurrente presente caución o garantía suficiente en cualquiera de las formas admitidas en derecho, en cuantía del total de la deuda exigida, bajo la advertencia de que esta medida cautelar no tendrá efecto hasta que dicha resolución esté constituida y conste en autos", señala el documento.
En cuanto al auto dictado por el juzgado 16, se acuerda el "pago inmediato de la deuda reclamada" al Ayuntamiento, que se corresponde con una factura que asciende a 36.372,50 euros más 176,48 euros en concepto de intereses.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Izquierda Unida, Ricardo Terrón, ha señalado que la empresa ha pedido la rescisión del contrato con el Ayuntamiento, y que reclama 6,8 millones de euros, "de los que 4,8 millones se corresponden con supuestos perjuicios".
"Sabemos que Cofely ha prestado servicios en Collado Villalba pero desconocemos qué control se ha llevado a cabo para fiscalizar esas tareas que ha realizado y comprobar si las facturas se corresponden a la realidad. Luego habrá que ver la defensa que se ha hecho de los intereses del ayuntamiento en los tribunales porque es un contrato que está sujeto a una investigación en la Audiencia Nacional", ha explicado.
Según Terrón, la adjudicación del contrato especificaba que tenía que haber una auditoría externa del mismo. "Hemos preguntado en qué situación se encontraba esta auditoría, que pagaba la empresa pero que adjudicaba el Ayuntamiento y no se ha concluido. También está ahí el enriquecimiento de la empresa que se está ahorrando los costes de la auditoría externa", ha afirmado. Terrón ha indicado que este jueves plantearán en el Pleno Municipal una pregunta sobre este asunto.