Los ediles de Móstoles investigados en el caso ITV confían en la Justicia y aseguran estar "muy tranquilos"

MÓSTOLES, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ediles del Gobierno de Móstoles investigados por el 'caso ITV', en el que se investiga la condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa privada, han mostrado su confianza en la Justicia y han manifestado estar "muy tranquilos" antes de declarar ante la jueza que instruye la causa por delitos de prevaricación y malversación.

En los juzgados de Móstoles, estaban citados a declarar esta mañana el teniente de alcaldesa, David Muñoz, la concejal de Empleo, Rebeca Prieto, el concejal de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín, y la edil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz.

"Vengo a declarar, como me han dicho, voy a decir la verdad", ha asegurado Muñoz; mientras que Martín ha subrayado que van "a colaborar con la justicia". "Confiamos en su trabajo", ha añadido el actual concejal de Seguridad.

En su comparecencia, los cuatro ediles "se han acogido a su derecho a no declarar" a las preguntas del abogado de Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM), aunque sí lo han hecho a las de la magistrada, y a alguna más de sus letrados, según han señalado a Europa Press fuentes de la acusación.

RESPONSABLE ASESORÍA JURÍDICA, INTERVENTOR Y SECRETARIO GENERAL

Según las mismas fuentes, la jueza lo único que conoce en este momento son las versiones que están dando los propios concejales, por lo que considera "fundamental" que se tome declaración a aquellas personas que emitieron informes desfavorables o que han estado presentes en las reuniones, "sobre todo en la de preparatoria de la Junta de Gobierno".

Estas personas a las que hace alusión serían la responsable de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, el interventor y el "secretario general accidental", a quienes ya habrían citado para declarar próximamente.

"Todos ellos manifiestan cosas muy distintas a las que hoy hemos podido escuchar", ha explicado, insistiendo en que hasta que éstos no hablen no será posible "sacar una conclusión clara sobre cuál es el futuro que tiene este procedimiento".

No obstante, se ha referido al informe emitido por el secretario general que, asegura, "está siendo utilizado para intentar exculpar a los concejales", para dar validez al proceso, a pesar de que lo que se recoge en dicho documento, matiza, es que no se hizo bien, aunque sí existía una manera.

"Básicamente lo que dice el informe es que, en un concurso de acreedores, naturalmente el Ayuntamiento o cualquier administración puede llegar a acuerdos con el concursado, pero puntualiza que en una fase preconcursal no", ha detallado, subrayando que este es justamente el caso que se está tratando en el Juzgado ya "que a la empresa no le ha hecho falta llegar a un concurso de acreedores para poder conseguir quitas y esperas".

Desde Más Madrid Ganar Móstoles, su portavoz, Gabriel Ortega, hoy se ha vuelto a mostrar esperanzado en que los ediles citados "den al juez las explicaciones que se nos negaron en las instituciones".

"Sigo con preocupación e interés las declaraciones como investigados del Gobierno Municipal de Móstoles, a raíz de la querella que nos vimos en la obligación de interponer", ha dicho.

De momento, el próximo lunes 28 será el turno de declarar para la exedil de Urbanismo Beatriz Benavides, ahora jubilada, y de la concejala de Educación, Natividad Gómez (Podemos), así como de la actual edil de Igualdad, Dolores Triviño.

ANTECEDENTES

La querella que inició la investigación, interpuesta por Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM), y admitida a trámite en abril del año pasado, se sustenta en que se "perdonó" el cobro de deuda pública a una empresa que no habría satisfecho las tasas que suponen la utilización de suelo público para desarrollar su actividad en la localidad, según argumentan en la denuncia.

Todas estas citaciones se producen después de que el pasado 18 de noviembre la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, declarase como investigada en la causa, una acusación que entonces atribuyó a "una querella política", manifestado estar "muy tranquila" y mostrando su confianza en la Justicia.

También fueron citados entonces como investigados el tesorero del Ayuntamiento y el por fuera concejal de Hacienda, Aitor Perlines, sobre quien en su declaración la alcaldesa "descargó la responsabilidad" manifestado que se trataba de una iniciativa del edil y que la urgencia también la tramitó el mismo, según señalaron a Europa Press fuentes de la acusación.

"La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no todo lo contrario, su condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada, y la reducción del canon para los próximos 20 años", recalcan en el documento.

Además, señalan que la decisión se toma "a pesar de la existencia de varios informes desfavorables del Interventor y del Secretario del Ayuntamiento", entendiendo que se pretendía acordar "una quita no prevista en la legislación concursal y expresamente prohibida por el Derecho Público, con grave perjuicio para la Hacienda Local".

En el mismo documento de admisión a trámite se insiste en que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación administrativa".

"QUERELLA POLÍTICA"

Sin embargo, desde el Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, han señalado en varias ocasiones que la querella a la que se enfrenta la Junta de Gobierno de Móstoles es "política" y que está promovida "por un partido que busca judicializar la política, que quiere ganar en los juzgados lo que ha sido incapaz de lograr en las urnas".

"Esperamos que los jueces sean los que dictaminen si ayudar a que algunas familias no perdieran su principal medio de vida, a que una empresa pagase al menos una parte de la deuda contraída con el Ayuntamiento de Móstoles, preservando empleos en los momentos más duros de la pandemia y dinamizando la economía, al igual que lo hizo ayudando a reactivar el comercio y la hostelería, es lícito", han dicho.

Defienden que el acuerdo fue tomado con "respeto a la legalidad", y para "defender el interés público con la finalidad de cobrar el máximo de la deuda y buscar una alternativa al cierre de las instalaciones".