Asegura que el dinero "no se evaporó" y que el proyecto "no era una quimera" y estaba bien planteado de inicio
MADRID, 17 Nov. (EUROPA PERSS) -
El que fuera consejero delegado de Campus de la Justicia hasta mayo de 2010, Miguel Giménez de Córdoba, ha asegurado que él se negó a "malvender" sedes judiciales como la de Plaza Castilla por la bajada del precio de su tasación y que su decisión de "parar" el proyecto y aplicar una "economía de guerra" le granjeó encontronazos con miembros del Gobierno regional, que querían el desarrollo de edificios para cumplir el programa electoral del PP.
Así lo ha detallado en su comparecencia en la Comisión sobre la Deuda en la Comunidad de la Asamblea de Madrid para indicar que el proyecto en el inicio estaba "bien diseñado" y "no era una quimera" porque se basaba en el coste cero para el ciudadano y en criterios de austeridad, como el fijar una media de 1.000 euros por metro cuadrado.
Sin embargo, Giménez de Córdoba ha remarcado que a raíz de las primeras tasaciones de los inmuebles que se iban a vender para refinanciar el proyecto, que iban a arrojar más recursos de los inicialmente contemplados, se decide introducir más "lujo" y tratar de contratar arquitectos prestigiosos (como el segundo contrato a Norman Foster) para hacer inmuebles emblemáticos.
El exconsejero delegado ha puesto como ejemplo la subasta del edificio de los juzgados de lo social de la calle Hernani, que salió por un importe de 38 millones y se obtuvieron 68 millones, un 60 por ciento más de lo establecido. Además, ha manifestado que en Plaza Castilla se barajaba un importe de venta entre 400 y 450 millones de euros.
En este punto, ha dicho que la tesis de que el proyecto fracasó por la crisis no es en parte correcta pues lo achaca a la modificación del planteamiento inicial de fijar la media de coste en 1.100 euros por metro cuadrado cuando se vio las posibilidades de obtener más recursos, optando por incluir "cierto lujo" que luego derivó en que "no salieran las cuentas".
No obstante, Giménez de Córdoba ha remarcado que se encargó de pilotar "los restos del naufragio" y que encargó una nueva tasación para el edificio de Plaza Castilla a tenor de la crisis que vivía el sector inmobiliario. En esa nueva valoración, la cifra de venta se redujo entre 100 y 150 millones de euros.
En este sentido, el exconsejero delegado ha señalado que él se negó a "malvender" esas sedes judiciales con tal de desarrollar el proyecto y decidió "parar" el mismo y acometer una "economía de guerra", reduciendo personal y gastos en la sociedad de Campus de la Justicia.
Giménez de Córdoba ha aclarado que ello le llevó a momentos de tensión con representantes del Gobierno regional que reclamaban el acometer tres edificios para el término de la legislatura entre 2007 y 2011, indicando que él se decantó por solo uno, el más reducido (el Instituto de Medicina Legal).
También ha confesado que se le transmitió el "malestar" desde la esfera política por el hecho de que todas las inversiones fueran "subterráneas" y, en consecuencia, la gente no las podía ver y por ello le pidieron la construcción de sedes judiciales.
"NO SE HA EVAPORADO EL DINERO"
Por otro lado, ha rechazado que 80 millones de euros de los 105 millones estimados para el coste del proyecto se hayan evaporado y ha aclarado que las comunicaciones de túneles, que ha definido como "ciudad subterránea", tienen un valor cercano a los 60 millones de euros más los 20 del edificio del Instituto de Medicina Legal. Defiende, a su vez, que todo ello puede ser reaprovechado.
Giménez de Córdoba ignora por qué no se depositaron cuentas de la sociedad cuando él era consejero y que las mismas debían ser aprobadas en la Junta General de Accionistas, aunque ha manifestado que no se cometieron irregularidades durante su estancia en la sociedad.
SOBRECOSTE EN VALDEBEBAS
Mientras, el diputado de Ciudadanos César Zafra ha dudado del coste apuntado por Giménez de Córdoba sobre las obras subterráneas (además con túneles en mal estado de conservación) para incidir en que su comparecencia deja claro los problemas que había en la "forma de ejecutar" el Campus de la Justicia, pasando de un proyecto "austero" a "megalómano".
El diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez ha remarcado de nuevo en el informe interno de Campus de la Justicia que alude a un sobrecoste en obra de 26 millones de euros por ubicar el proyecto en Valdebebas y ha asegurado que el montante global "no se evapora" sino que "va a algún sitio" y que eso precisamente es lo que quiere averiguar la comisión.
PSOE HABLA DE "NEFASTA GESTIÓN"
Por su parte, la diputada socialista del PSOE Mercedes Gallizo ha asegurado que todos los comparecientes hasta ahora apuntan como responsable a los exconsejeros Alfredo Prada y Francisco Granados y que sobre Campus de la Justicia hay "muchas verdades y también muchas mentiras".
Ha insistido en la "disparatada gestión" en un proyecto marcado por la "megalomanía" y por la "especulación", para dirigirse al compareciente señalando que "malversar no es solo llevarse el dinero, sino hacer una gestión nefasta del mismo".
A su vez, el diputado del PP Juan Antonio Gómez Angulo ha pedido al compareciente que detalle si las infraestructuras acometidas pueden ser aprovechables de cara al futuro y entiende que el coste de la obra estaba "equilibrado" con lo dicho en su momento.
