MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción reclamó hoy a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid que los responsables de Funespaña acusados por el 'caso Funeraria', que juzga la supuesta privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid, devuelvan a las arcas municipales los beneficios obtenidos desde 1992 por la explotación del 49 por ciento de la funeraria municipal.
En la presentación de su acusación definitiva, el fiscal demandó que José Ignacio Rodrigo, asesor jurídico del Ayuntamiento de José María Álvarez del Manzano antes de la privatización y presidente de Funespaña tras la venta, y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia, vicepresidente y consejero delegado de la empresa, reintegren como parte de la responsabilidad civil que se les solicita la totalidad de las ganancias directamente provenientes de los delitos de prevaricación y de malversación de los que se les acusa.
En la recta final del juicio, el fiscal solicitó penas de entre 8 meses y 17 años y medio para los encausados, entre ellos el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Álvarez del Manzano, Luis María Huete, y modificó su calificación jurídica, al rebajar levemente su solicitud de penas. Además, incluyó en su acusación la petición de declarar nulos los acuerdos por los que se acordó la adjudicación parte de la Empresa Mixta a Funespaña.
El Ministerio Público pide, asimismo, a los magistrados de la Sección Cuarta que aplique a los nueve procesados la atenuante de dilaciones indebidas por la lentitud del proceso, que se remonta a hace ya 15 años.
El 22 de diciembre de 1992 el Pleno del Ayuntamiento aprobó la venta del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña, que la adquirió por "un precio simbólico", según declaró Huete, de 0,60 euros. A cambio, la empresa asumiría la deuda de 2.278 millones de pesetas contraída por la Empresa Mixta con el Ayuntamiento.
Según Grinda, José Ignacio Rodrigo, cesado a finales de julio de la Presidencia de Funespaña, se valió de sus conocimientos de la operación para hacerse con un importante paquete de acciones. Rodrigo se puso en contacto con los hermanos Valdivia para asegurarse "una importante participación lucrativa en el resultado de la privatización".
Entonces pactaron que los Valdivia pondrían el dinero necesario para sacar adelante la funeraria a través de la ampliación de capital, mientras que Rodrigo lograba "una importante participación en el capital social".
REBAJA DE LAS PENAS
En cuanto a las penas solicitadas, el fiscal solicitó penas de entre 8 meses y 17 años y medio para los acusados, entre los que figuran Huete y los ex concejales populares Simón Viñals, de Sanidad, y Antonio Moreno, de Régimen Interior y Personal.
De este modo, rebajó de 6 años a cuatro años y diez meses su solicitud de prisión para Huete, Viñals y Moreno, al retirarles el delito de falsedad del que se les imputaba en un principio. Ahora se les acusa de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación y malversación.
Igualmente, disminuyó las penas solicitadas para Ignacio Rodrigo, que pasa de una petición de 22 a 17 años y medio de prisión, y los hermanos Valdivia, de 19 a 17 años y medio de cárcel. El fiscal les acusa de maquinaciones, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y varios delitos contra la Hacienda Pública.
La disminución de la pena se produce al retirarles varios delitos por evasión fiscal. No obstante, se les incluye otro de falsedad en documento mercantil por manipular diversas facturas. Asimismo, se solicitó que se les aplique la atenuante de reparación del año por haber hecho efectivo el pago de la deuda contraída por la Empresa Mixta con el Consistorio madrileño.
En cuanto a indemnizaciones, el fiscal demandó que Rodrigo y los Valdivia indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con 4.504.169 euros, con la responsabilidad civil subsidiaria de Funespaña.