MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha remitido al Juzgado Instructor de Arganda para su tramitación las actuaciones referidas a la existencia de una serie de edificaciones ilegales que han sido levantadas en una finca ubicada en el Parque Regional del Sureste, terreno protegido y, por tanto, no urbanizable.
En concreto, se trata de 60 viviendas de una altura edificadas en parcelas de la finca Valdecorzas, que abarca los términos municipales de San Martín de la Vega, Arganda del Rey y Morata de Tajuña.
Al parecer, un grupo de personas habría procedido, en nombre de la denominada Asociación Valdecorzas, S.A., a segregar ilícitamente parcelas de la citada finca y a construir en ellas sin licencia. Los hechos vulneran el artículo 319 del Código Penal --que tipifica la edificación en suelos no urbanizables--, según informe del Fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, emitido el pasado 23 de enero, al que tuvo acceso Europa Press.
La acción de la Fiscalía responde a la denuncia que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid presentó a finales de 2005 al estimar que los hechos podían ser constitutivos de delito.
DENUNCIAS DE AGENTES FORESTALES
La documentación aportada por el departamento regional que dirige Mariano Zabía fue recopilada entre los años 2000 y 2005, fundamentalmente a través de denuncias de agentes forestales, y adjuntaba asimismo informes de Medio Natural y Urbanismo y un archivo fotográfico, indicaron a Europa Press fuentes de la Consejería.
No obstante, se cree que la situación se remonta, por lo menos, a 1990. Al parecer, los propietarios de determinadas parcelas habrían vendido el derecho de uso del suelo a particulares para que edifiquen en ellas. Sin embargo, el terreno en cuestión figura a nombre de la Asociación Valdecorzas, S.A., no de los particulares, a los que se argumenta que la propiedad no será suya mientras no se legalice la urbanización de esos terrenos.
Antes de poner el caso en manos de la Fiscalía, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ya había actuado en tres o cuatro ocasiones contra los usuarios de la finca Valdecorzas por sanciones administrativas tales como desmontes, vertidos y movimientos de tierra.
El Parque Regional del Sureste es un espacio protegido de los cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares y ocupa una superficie de más de 30.000 hectáreas.