Enmarca la actuación de Victoria en su derecho a la libertad de expresión
MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha solicitado a la Sala de lo Civil y Penal que confirme la no admisión de la querella que presentaron la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas y la FAPA Giner de los Ríos contra el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, por el caso de las 'camisetas verdes'.
En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha interesado a dicha sala la desestimación del recurso de súplica que se interpuso tras el archivo de la causa por inadmisión.
El pasado 12 de octubre, el TSJM acordó no admitir a trámite la querella por el caso de las 'camisetas verdes' al entender que los hechos carecen "de relevancia penal".
En la querella se acusaba a Victoria de cometer los delitos de "injuria o calumnia" por las declaraciones que realizó sobre el posible negocio realizado con la venta de 'camisetas verdes' destinadas a los integrantes de la 'marea verde'.
En el recurso de súplica, los querellantes trataban de desvirtuar los razonamientos vertidos en el auto recurrido que acordó la inadmisión de la querella presentada. Sin embargo, la Fiscalía recalca que las razones no pueden ser atendidas "al no responder a la realidad de los hechos, tal y como se desprende de la documentación aportada junto con la querella por las propias querellantes".
Según el fiscal, Victoria "se limitó a servir de instrumento para materializar las iniciativas decididas por el PP de Madrid en el que ejerce las funciones de Presidente de su Comité Jurídico y para informar a través de los medios de comunicación y de la página web de su partido de la puesta en marcha de tales iniciativas, esto es, de la presentación de la denuncia ante la Agencia Tributaria y de las razones que justificaban la misma".
"El mero hecho de que las ahora querellantes se hayan manifestado públicamente en contra de la política educativa del Gobierno regional, con utilización de una 'camiseta verde', que se ha convertido en uno de los símbolos de la protesta, todo ello en un contexto de contienda pública sobre dicha política educativa, evidencia que se ha producido una participación activa en la controversia pública por parte de las querellantes", señala el fiscal.
"Esa intervención voluntaria y, por supuesto lícita, en el seno del debate político existente, es lo que permite entender que las respuestas del Partido Popular a algunas actuaciones efectuadas por las querelladas, sigan formando parte de dicha contienda pública y política", añade.
Por ello, concluye que "las opiniones expresadas por el querellado en dicho ámbito se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución, tal y como sostiene el auto impugnado, máxime cuando ni utilizó expresiones injuriosas o innecesarias, ni efectuó imputación concreta de delito alguno".
