La Fiscalía abre diligencias a raíz de la denuncia de Cs por los incidentes en el Orgullo

Ignacio Aguado, Inés Arrimadas y otros miembros de Ciudadanos en la manifestación estatal del Orgullo LGTBI en Madrid, desde Atocha hasta Colón
Ignacio Aguado, Inés Arrimadas y otros miembros de Ciudadanos en la manifestación estatal del Orgullo LGTBI en Madrid, desde Atocha hasta Colón - Ricardo Rubio - Europa Press

Actualizado: martes, 30 julio 2019 10:53

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

  La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos por los incidentes ocurridos durante la celebración del Orgullo Gay el pasado 6 de julio, cuando varios integrantes de la formación tuvieron que abandonar la manifestación estatal escoltados por la Policía, han informado fuentes del Ministerio público.

   Ciudadanos presentó el pasado 10 de julio una denuncia a la Fiscalía por delitos de odio, amenazas e injurias presuntamente cometidos contra sus representantes que participaron en la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid, enmarcando los hechos en "una clara maniobra organizada".

   La entonces portavoz de la Ejecutiva de Cs y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, afirmó que "fue una situación absolutamente intolerable que no cabe en democracia", especialmente en un día en que se reivindican "la tolerancia, el respeto y la libertad".

   "Un grupo de radicales intolerantes se dedicaron a intentar expulsar del Orgullo a personas por sus ideas. Los militantes LGTBI de Ciudadanos no pudieron manifestarse el día del Orgullo y eso es una vergüenza", subrayó.

   La denuncia de Ciudadanos, de 37 páginas, incluye numerosas fotografías de varios momentos de la manifestación, así como 'pantallazos' de comentarios de usuarios de redes sociales y enlaces a noticias de todo tipo de medios de comunicación que se hicieron eco de lo ocurrido.

   Entre las diligencias a practicar que proponía Ciudadanos están la "averiguación de la identidad del autor o autores" de los hechos, la declaración de los dirigentes del partido que estuvieron en la manifestación --Inés Arrimadas, Ignacio Aguado, Patricia Reyes, Miguel Gutiérrez, Marcos de Quinto y Melisa Rodríguez-- y la identificación y citación como investigados de los propietarios de los perfiles de redes sociales donde se llevaron a cabo las "proclamas de odio".

INFORMES POLICIALES

   Tras lo ocurrido, la Jefatura Superior de Policía de Madrid emitió un primer informe donde se cuestionaba la actuación de Ciudadanos en la manifestación al concluir que "maniobró para catalizar la acción mediática y publicitaria". También sostenía que "no hay constancia de que se produjeran agresiones físicas" y acusaba a los representantes del partido de "no seguir en ningún momento las instrucciones policiales".

   Precisamente, a los dos días de los incidentes, la vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, acusó a la Policía Nacional de "tardar mucho en llegar" y actuar "de forma muy ineficiente cuando podía haber pasado cualquier cosa" durante la manifestación del Orgullo.

   Ese mismo día, fuentes policiales apuntaron que la Policía Nacional desplegó 20 agentes de paisano en la comitiva de Ciudadanos durante la manifestación estatal del Orgullo para garantizar su seguridad y que se planteó en tres ocasiones su evacuación ante los ataques e insultos que estaban sufriendo.

   "El dispositivo fue totalmente adecuado a las circunstancias y la Policía Nacional estuvo garantizando su seguridad en todo momento y sin retraso. Además, había furgonetas de la Unidad de Intervención Policial por si los incidentes iban a mayores", explicaron estas fuentes el pasado lunes.

   Tras el primer informe, la Jefatura redactó otro "ampliado" que validaba el relato de los incidentes tras la participación de los dirigentes de Ciudadanos en la manifestación, según informaron a Europa Press fuentes policiales oficiales.

   Este "informe ampliado" incluye "bastante información, sin modificar en lo sustancial" lo expuesto en el primer documento, con fecha de 8 de julio, y que fue criticado por Ciudadanos y algunos sindicatos policiales por su tono valorativo, poniendo en duda su autenticidad por la falta de firma y sello oficial o por los errores en los logotipos del Ministerio del Interior y de la Policía.

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