Sigue adelante con la investigación de las denuncias de Prada y Cobo MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Madrid remitió hoy al juez José Sierra, que instruye el 'caso de espionaje', las actuaciones realizadas hasta ahora en el marco de las diligencias que abrió para esclarecer los seguimientos denunciados a título personal por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, durante los viajes realizados el pasado año a Cartagena de Indias (Colombia) y Johannesburgo, informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El envío se produce después de que el juez haya acordado iniciar la investigación judicial por las vigilancias parapoliciales sufridas por González al apreciar un supuesto delito de revelación de secretos. El caso de espionaje se judicializó ayer una vez que el secretario general de la Comunidad, Salvador Victoria Bolívar, haya ratificado la denuncia que presentó el pasado 20 de enero por las informaciones destapadas por 'El País' sobre González.
Las diligencias que se remitirán se refieren a la declaración tomada por el fiscal superior, Manuel Moix, al periodista Francisco Marcado, así como a los documentos que aportó para respaldar sus afirmaciones. Además, enviará la información dada por la Consejería sobre la relación del inspector Marcos Peña, actual jefe de los asesores de Seguridad, con el departamento que dirige Francisco Granados.
Según el TSJM, el Ministerio Público mantendrá abierta la investigación respecto a las denuncias presentadas por el ex consejero Alfredo Prada; el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; y la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Carmen Rodríguez.
Con carácter previo a la apertura de diligencias, el magistrado dio la pasada semana un plazo de cinco días a Victoria Bolívar para especificar en nombre de quién interponía el escrito judicial. Por ello, el juez dio ayer traslado de la investigación a la Fiscalía de Madrid para que remitiera sus actuaciones.
AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA
Tras iniciar la investigación, el juez Sierra solicitó al Gobierno regional que amplíe la denuncia interpuesta por los supuestos seguimientos al vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, a las nuevas informaciones difundidas por 'Público' sobre la existencia de dossieres sobre el patrimonio y las presuntas adjudicaciones sospechosas realizadas por el 'número dos' de Aguirre,
El Gobierno regional remitió el pasado 29 de enero al Juzgado la ratificación de la denuncia que interpuso los seguimientos parapoliciales sufridos por González durante un viaje privado y otro oficial. En su escrito, el Ejecutivo autonómico amplió los hechos a las vigilancias de las que también habría sido objeto el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.
Entre la documentación aportada en la ampliación de la denuncia se incluye la autorización del vicepresidente al secretario general de la Comunidad de Madrid para formular la denuncia en su nombre. En el escrito, González emplaza a Victoria Bolívar a ampliar la denuncia para incorporar los hechos denunciados el 28 de enero por el 'El País' en el que se destapó la existencia de un dossier que refleja los resultados de una investigación de la que fue objeto. El vicepresidente cree que de estos hechos se infieren "distintas violaciones a su derecho a la intimidad y al de su familia".
La documentación incorporada incluye la autorización del gerente del Canal de Isabel II para que se inste al juez a investigar los seguimientos que también sufrió después de que la 'Cadena SER' informara la pasada semana sobre el contenido de un dossier sobre el patrimonio privado de De Miguel.
DATOS PERSONALES
En la denuncia inicial, el Gobierno regional consideraba que a resultas de los seguimientos se había producido "como mínimo controles y grabaciones visuales clandestinas, revelación a terceros de imágenes y documentos personales, abusos informáticos sobre datos personales automatizados y apoderamiento de documentos".
Además, subrayaba que el espionaje a González eran hechos "enormemente graves", por lo que creía necesario que el órgano judicial competente realizase investigaciones para esclarecer quiénes son los autores de este seguimiento.
La denuncia recalcaba que llamaba la atención el hecho de que para realizar el seguimiento al vicepresidente, los autores han tenido que utilizar información privilegiada "que no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público y con antelación a sus desplazamientos".
