El caso ha sido resuelto por el sistema de arbitraje de la Consejería de Hacienda y Consumo de la Comunidad de Madrid
MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sistema de arbitraje de la Consejería de Hacienda y Consumo de la Comunidad de Madrid, resolvió un caso definido como el caso del 'ataúd sencillo', en que una mujer que acababa de perder a su marido reclamó que la empresa funeraria le había cobrado casi 3.000 euros, cuando ella había pedido un ataúd sencillo.
En declaraciones a Europa Press Televisión, la directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid, Carmen Martínez de Sola, aseguró que la consumidora, demando "lo más sencillito", porque lo iba a incinerar.
Sin embargo, al llegar al tanatorio, "el ataúd era de una gama mucho más alta y de un precio mucho mayor", por lo que, al encontrarse en unas "circunstancias especialmente tristes", tampoco podía cambiar de ataúd en el momento, opción que le ofreció la empresa funeraria.
Así, tras arbitraje de la Comunidad, la empresa "le devolvió parte del importe que ella consideró que no tenía que haber pagado", ya que el ataúd más barato del que se disponía era de 500 euros y el finalmente utilizado ascendía a 2.916 euros. Al final, el arbitraje dirimió que la empresa tenía que devolver 1.000 euros a la consumidora, lo que Martínez de Sola definió como un "juicio salomónico" al quedarse "a la mitad" del total pagado.
DEVOLUCIONES POR OFERTAS TELEFÓNICAS O ACADEMIAS DE IDIOMAS
El sistema de arbitraje de la Comunidad de Madrid suele intervenir en casos como venta a domicilio, la devolución de matrículas a academias o las bajas en ofertas telefónicas que llegan a facturas de hasta 3.000 euros.
Actualmente, ya son cerca las 12.000 empresas que están asociadas a la Comunidad de Madrid que, según Martínez de Sola, aunque no son todas las existentes, añaden "seguridad a las dos partes" porque se da "un plus de confianza al consumidor y al empresario".
Así, se trata de "incidir en aquellas cuestiones que al consumidor le afectan en su vida cotidiana pero que a lo mejor considera que no son suficientemente importantes como para llegar a instancias oficiales" y además, se consigue ahorrar "mucho dinero al sistema judicial", ya que se suelen obtener resultados en tres meses.
