MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo, imputado en el 'caso Funeraria' por la presunta privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid, ocurrida hace 15 años, declaró hoy que él no prestó 70 millones de pesetas de su dinero a los también imputados hermanos Valdivia, gerente y consejero de delegado de Funespaña respectivamente, para la ampliación de capital de dicha empresa.
Así, Rodrigo, durante la segunda sesión del juicio celebrado en la Audiencia de Madrid, se retracta de las afirmaciones realizadas en dos ocasiones en sede judicial en las que aseguraba que les prestó dinero a los hermanos Valdivia para la ampliación de capital de Funespaña. En cualquier caso, admitió que les compró 10.000 acciones de la empresa por un valor de 140 millones. El fiscal cree que los 200 millones de pesetas para la ampliación de capital no partieron de los hermanos Valdivia sino de Rodrigo y su entramado de empresas.
Según la Fiscalía, Rodrigo tuvo acceso directo a la información de la situación jurídica, económica y de posibilidades comerciales de la funeraria municipal y "sobre todo acerca de la posición favorable de sus responsables políticos a la privatización". Con esta información, Rodrigo quiso --añade el fiscal-- "obtener personalmente una importantísima ventaja económica" con el apoyo de a los dos ex concejales del PP del Ayuntamiento de Madrid Simón Viñals y Antonio Moreno.
El escrito del fiscal explica que Rodrigo se puso en contacto con Juan Antonio Valdivia "para asegurarse una importante participación lucrativa de la privatización", y añade que Funespaña en ese momento era una empresa "carente de medios personales y materiales, dedicada hasta entonces a coordinar telefónicamente los traslados de cadáveres de una localidad a otra".
El fiscal considera que en el entramado de Rodrigo y Valdivia, el primero aportaría los fondos necesarios, de los que carecía Funespaña, para hacerse con el control de la Empresa Mixta y el servicio funerario de Madrid y, a cambio, Rodrigo "se aseguraba una importante participación en el capital social que debería permanecer oculta para no poner en tela de juicio la licitud de las operaciones".
A lo largo de la vista oral, el fiscal mantuvo su línea de acusación, que dice que los 200 millones de pesetas que invirtieron no salieron de los hermanos Valdivia sino de Rodrigo y sus empresas.
"El fiscal ha buscado acreditar que los Valdivia no tenían dinero y que fue Rodrigo quien proporcionó el dinero para la ampliación de capital. Rodrigo se ha retractado de manifestaciones que hizo durante la fase de instrucción. Rodrigo era quien estaba detrás de la ampliación de capital de Funespaña porque los Valdivia no tenían dinero para ello", indicó a los medios a la salida el letrado del POSE, José Mariano Benítez de Lugo.
Asimismo, este letrado agregó que Rodrigo buscó tener "una posición firme en Funespaña, y de hecho poco después sería presidente de esta empresa". "Seguramente es una operación pergeñada mucho antes de la adjudicación de la Empresa Mixta a Funespaña", opinó Benítez de Lugo.
Asimismo, el fiscal acusa al ex teniente alcalde y ex diputado popular Luis María Huete, a Viñals y Moreno, al presidente de Funespaña y otras cinco personas más por prevaricación, malversación de fondos, alterar precios, tráfico de influencias y falsedad documental, por lo que pide un total de 82 años de prisión para los nueve encausados.
El fiscal indica que el acusado Moreno dictó un decreto, "eligiendo de manera caprichosa y parcial" una de las propuestas (la de Funespaña), que ordenaba dar entrada en la Empresa Mixta a la iniciativa privada en un porcentaje máximo del 49% en concurso público". El tribunal de este caso tendrá que decidir si hubo delito en la privatización aprobada el 22 de diciembre de 1992 con la adjudicación del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a la compañía Funespaña por 100 pesetas (0,60 euros). Además Funespaña se comprometía a asumir la deuda de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios y a realizar una ampliación de capital de 200 millones de pesetas.