MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, opinó hoy que la amenaza del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de embargar los bienes personales de la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, si el Ayuntamiento no cumple una sentencia y paga los intereses que debe a unos expropiados de Usera "no es jurídicamente viable".
Así, el primer edil explicó durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que, pese a no conocer el texto, "jurídicamente no es viable en ningún caso que existan responsabilidades subsidiarias de cargos públicos o funcionarios por deudas que corresponden a la propia Administración".
"Debe de haberse producido sin duda un error. Cualquier juez puede requerir al cumplimiento de una resolución, pero el patrimonio de cargos políticos y funcionarios no está sujeto en ningún caso a cubrir responsabilidades que corresponden a la Administración", zanjó.
Según publicó ayer El País, el TSJM falló el pasado 5 de noviembre reclamar al Consistorio el pago por los intereses de la expropiación irregular de dos parcelas en el distrito de Usera por valor de 5,6 millones y 479.781 euros, respectivamente.
Al considerar los propietarios que el justiprecio era demasiado bajo, recurrieron la decisión y un juez les dio la razón, añadiendo dos millones más a lo abonado, además de los intereses de demora e inflación, que ascienden a 410.000 euros. Fue esta última cantidad la que nunca se llegó a liquidar.
Ahora, el juez amenaza con que, de no cumplirse este pago, "se incrementará en dos puntos el tipo de interés aplicable sin perjuicio de que el importe de dicho incremento se repercuta sobre el patrimonio personal de la concejala del área, por la diáfana y contundente negligencia en el cumplimiento de su obligación.
Martínez consideró ayer que "no parece mesurado ni de sentido común que quien no tiene la llave para tomar una decisión y hacer lo que dice el juez, e incluso quien no ha intervenido en este expediente en origen porque es del año 2001, tenga que responder con el patrimonio suyo y de su familia, con su casa".
Sin embargo, "es lo que hay", por lo que "el Ayuntamiento acatará esta sentencia". De hecho, según la propia Martínez, el área de Gobierno de Hacienda "ya ha dispuesto los recursos, ha provisto los fondos necesarios para poder responder a esta sentencia" en los quince días siguientes a que el juez fije la cuantía de la liquidación.
