MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el proceso para la unificación de sedes en el 90 por ciento de los partidos judiciales de la región, en concreto, en 19 de los 21 existentes, según ha avanzado este martes el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, en rueda de prensa.
Así, dentro del Plan regional de Modernización de las Infraestructuras Judiciales, ha culminado la agrupación en Aranjuez y Alcobendas. En Madrid capital está ya operativo el nuevo núcleo penal en la zona de San Blas, en tanto que el núcleo civil, que concentrará el 95 por ciento de los juzgados de Primera instancia en el entorno de la calle Capitán Haya, estará activo en el segundo semestre del año. También se ha unificado la actividad civil y penal de la Audiencia Provincial en la sede de la calle Santiago de Compostela.
Garrido ha hecho balance de las iniciativas desarrolladas por la Consejería de Justicia en rueda de prensa, en la sede del área que dirige Yolanda Ibarrola, donde ha explicado que, por lo que respecta a otros partidos judiciales de la región, avanzan los proyectos de agrupación de sedes en Collado Villalba, Getafe, Móstoles, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Valdemoro. Queda pendiente únicamente el inicio de las actuaciones en Majadahonda y Torrelaguna.
El dirigente autonómico también ha destacado que se han puesto en marcha diez juzgados de nueva creación, el juzgado especializado de cláusulas suelo y el especializado de familia en la Audiencia Provincial. Además, ha hecho hincapié en que el presupuesto en Justicia ha aumentado un 27 por ciento desde el inicio de la Legislatura en 2015, lo que supone un incremento de más de 120 millones de euros. "Es un área prioritaria", ha defendido.
AGRUPACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SEDES JUDICIALES
Por otra parte, Garrido ha incidido en el Plan de Modernización de las Infraestructuras Judiciales de la región, y es que, tal y como ha explicado, este programa cuenta este año con un presupuesto cercano a los 23,6 millones de euros, lo que supone casi un 20 por ciento más que en 2018.
De cara al futuro, el presidente madrileño ha recordado que se ha logrado el acuerdo de la Mesa del Pacto para la Justicia, que agrupa a todos los actores del mundo judicial, para destinar cerca de 90 millones hasta 2025 para la unificación y construcción de nuevas sedes.
En cuanto a la adecuación de las sedes, ha explicado se han mejorado respecto a accesibilidad, climatización, construcción de salas específicas para cada función judicial, seguridad, iluminación y modernización tecnológica, partida para la que se han invertido 50 millones de euros desde el inicio de la legislatura.
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ACUERDOS
En lo que respecta a las nuevas tecnologías, la Consejería de Justicia ha dotado de cámaras de videoconferencia a todas las salas de vistas de la región y está instalando también visores de documentos y pruebas. Asimismo, ha renovado la práctica totalidad de los equipos informáticos, favoreciendo la extensión de la firma digital y ha entregado ordenadores portátiles a todos los magistrados, jueces y fiscales.
Además, y en cuanto a la gestión de los recursos humanos, el Gobierno regional ha firmado con los sindicatos un acuerdo sectorial para el periodo 2017-2020 que mejora las condiciones laborales de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid al servicio de la Administración de Justicia.
Según el presidente, ese acuerdo "sienta las bases para la convocatoria", por primera vez desde 2009, de una bolsa de interinos en la que se valora la experiencia y el conocimiento del derecho de quienes se incorporan a las oficinas judiciales. Además, acordaba un incremento de las retribuciones de 120 euros mensuales, entre otras mejoras.
En cuanto a los pactos con los sindicatos, la Consejería de Justicia firmó la semana pasada el acuerdo que permite la puesta en marcha de un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. "Se trata de un organismo independiente, pionero y de vanguardia, que trabajará para la Administración de Justicia con criterios técnicos y científicos", según han indicado desde la Comunidad.
Dispondrá de una plantilla integrada por más de 380 empleados públicos entre médicos forenses, psicólogos judiciales y trabajadores sociales y, tal y como ha contado la consejera.
