MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha tachado de "absolutamente miserables" las declaraciones del presidente del Congreso, José Bono, en las que reprocha a los populares el suicidio de la esposa de uno de los comisarios del 'caso Bono', al tiempo que ha dejado claro que "no puede ser que el responsable del sufrimiento de esa familia sea el PP, que sólo ha acudido a los Tribunales en defensa de sus derechos". "Si hay una responsable del sufrimiento de esa persona es Bono, que mintió", ha zanjado.
En una entrevista a TVE, recogida por Europa Press, Bono ha reprochado al PP que la esposa de uno de los comisarios del 'caso Bono' se suicidara tras "el sufrimiento" que padeció debido a la situación que tuvo su marido, primero condenado y después absuelto, por arrestar a dos militantes 'populares' tras una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el 22 de enero de 2005, en la que Bono fue zarandeado.
Para Granados, que aunque ha dicho desconocer el suceso ha lamentado "este hecho tan trágico", "las declaraciones de Bono son absolutamente miserables" y ha manifestado que "la utilización del sufrimiento de una familia para atacar al PP es una actitud" que le califica "perfectamente".
"No puede ser que el responsable del sufrimiento de esa familia sea el PP, que sólo ha acudido a los Tribunales en defensa de sus derechos, en este caso la libertad", ha explicado a Europa Press el 'número dos' de los populares madrileños.
Granados ha recordado que en el 'caso Bono' hubo "falsificación de documento público y coacciones" y ha hecho hincapié en que todo ha quedado "probado". "Es verdad que el Tribunal Supremo anuló la condena, pero quedó probado que Bono mintió de manera miserable cuando dijo que le habían agredido y se simuló una agresión a los escoltas de Bono con un certificado médico", ha precisado.
ACUSACIONES DE BONO
En una entrevista a TVE, recogida por Europa Press, Bono ha recordado que pese a que la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los policías, posteriormente el Tribunal Supremo (TS) "alabó" su conducta y dijo que eran inocentes.
"En el camino los acusadores del PP quizás se olvidan de decir que la esposa del comisario se había suicidado. Tengo la carta explicando el sufrimiento de aquella mujer y su muerte", ha afirmado tras lamentar que haya "personas que no se enteran de unas muertes o no les interesan especialmente las que pueden ser polémicas".
Los incidentes que dieron lugar al llamado 'caso Bono' tuvieron lugar durante una manifestación de la AVT en Madrid el 22 de enero de 2005 a la que acudió el entonces ministro de Defensa, José Bono. Este asistió a la manifestación junto con Rosa Díez y ambos abandonaron el acto ante los insultos de los manifestantes y el tumulto que se creó. Pocos minutos después declaró que le habían empujado por todas partes, que le habían golpeado y que se había llevado un puñetazo en las costillas.
El atestado policial que se realizó el mismo día de la manifestación sobre los incidentes ocurridos en la misma reflejaba que los efectivos policiales lograron que el ministro de Defensa no fuera agredido físicamente. La investigación tuvo un cambio de instructor en las horas siguientes y se tomó declaración a otros ocho agentes que participaron en el cordón de seguridad. Estos constataron que hubo zarandeos y empujones a la cápsula de seguridad formada por los escoltas del ministro y otros policías, pero matizaron que no se produjo ningún tipo de agresión física contra las personalidades que estaban protegiendo.
Sin embargo, tres días después, dos militantes del PP fueron detenidos como presuntos autores de las agresiones. Se trataba de Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, quienes habían sido identificados en el material gráfico que había del incidente. Prestaron declaración y fueron puestos en libertad.
Esto provocó la reacción del PP, y aunque José Bono anunciaba un día después de estas detenciones que descartaba medidas legales y quería dar por zanjada la polémica, los populares emprendieron acciones legales contra los policías que habían detenido a sus dos afiliados.
Finalmente, el Juzgado de Instrucción de Madrid número 42 archivó la causa por la presunta agresión al no poder identificar al autor o autores de la presunta agresión, pero sí prosiguió la causa del PP contra los policías por los delitos de detención ilegal y falsedad. La primera sentencia fue de la Audiencia Provincial, del 8 de mayo de 2006, y en ella se afirmaba que la cápsula de seguridad que formaron sus escoltas en torno al ministro, había impedido que este fuera agredido, a pesar de los zarandeos y los gritos en su contra.
La sentencia fue condenatoria para los agentes José Luis González Salgueiro, Rodolfo Ruiz Martínez y Javier Fernández Gómez a penas de entre tres y cinco años de prisión además de 10 años de inhabilitación por los delitos de detención ilegal, falsificación de documento público y coacciones.
Sin embargo, la sentencia fue recurrida por los policías, el fiscal y el Abogado del Estado y un año después, en junio de 2007, el Tribunal Supremo emitió su fallo por cuatro votos contra uno y anuló íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, quedando los agentes absueltos de todos los cargos.
No obstante, tras la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial, los tres agentes pidieron la baja del servicio por causas psicofísicas y la prejubilación.
