MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en Metro de Madrid abordará este viernes el debate sobre el dictamen de conclusiones de los grupos políticos, con propuestas que aspiran a que se incluya que la compañía actuó con "negligencia" ante la existencia de este material en sus instalaciones.
Los grupos parlamentarios deliberarán en sesión, de carácter secreto, los aspectos que incluirán este documento y votarán las conclusiones de este dictamen, que luego se elevará luego a sesión plenaria en marzo.
Desde las distintas formaciones políticas ultiman las diferentes propuestas al texto, todavía abierto durante este jueves donde se intensificaban los contactos, exponen a Europa Press fuentes parlamentarias. En las sesiones, los grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Cs) han mantenido visiones contrapuestas sobre el papel de Metro ante la gestión del amianto respecto al PP.
Durante la sesiones han comparecido uno de los trabajadores con enfermedad profesional reconocida por exposición al amianto, la inspectora de trabajo que levantó cuatro actas de infracción contra la empresa (una de ellas por no tomar medidas suficientes para proteger a los empleados), diversos excargos de la empresa, el consejero delegado de Metro, Borja Carabante, la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo y el vicepresidente regional, Pedro Rollán, entre otros.
Entre las propuestas para el dictamen, según ha podido saber Europa Press, se aboga por incluir que Metro de Madrid actúo de forma firme para el desamiantado después de que interviniera Inspección de Trabajo, mediante requerimientos lo que implicaría "desidia" por parte de la empresa.
A su vez, hay formaciones que abogan por reprochar a Metro que no haya tomado medidas para esclarecer si hubo fallos de comunicación y puesta en disposición de la dirección de datos que apuntaban a la presencia de amianto, que datan desde hace años.
Una de las cuestiones que se prevén incluir en el texto es el polémico informe de 2003 elaborado por el área de Prevención de Riesgos Laborales de la compañía, que ya apuntaba a la presencia de este material en numerosas estaciones y trenes de la compañía.
Otro de los aspectos que se aspira a incluir en el documento es el acta del Comité de Salud Laboral de Metro de Madrid en febrero de 2013, en el que se recoge que sindicatos solicitaron a la compañía si había presencia de amianto o fibrocemento en unas bajantes de PVC y que el representante de la Dirección comentó que había informes de 2003 y se compromete a buscar información al respecto.
También se plantean aportaciones como la referida a un acta del Pleno del Comité de Seguridad y Salud celebrado el 25 de abril de 2006, sobre el Real Decreto que se lanzó ese año sobre las disposiciones mínimas aplicables a los trabajos con riesgo de exposición a amianto. Este documento se vuelve a aludir al mencionado informe de 2003 y a la existencia de uralita con asbesto en 61 estaciones de la red.
El que fuera director de Ingeniería, Mantenimiento e I+D de Material Móvil de Metro en 2003, Francisco Javier González Fernández, aseguró en la Asamblea que en 1992 ya tuvo conocimiento de que el amianto era nocivo para la salud si se "disgregaba", por lo que se sustituyeron las zapatas de los frenos de vehículos que contenían ese material por otro sintético.
Además, su departamento procedió a "encapsular" la pieza conocida como 'apagachispas' en modelos 5000 y 2000, así como trenes clásicos, cuando los fabricantes comunicaron que había presencia de este mineral potencialmente cancerígeno.
Previsible es también la mención a la comparecencia de la responsable de la propuesta de sanción de 191.000 euros a Metro de Madrid tras conocerse el primer caso de trabajador afectado por la exposición (ya fallecido) por no haber adoptado suficientes medidas para proteger a la plantilla. De hecho, este escrito se ha elevado a la Fiscalía, que abrió una investigación al respecto.
Además, la controvertida venta de trenes con amianto encapsulado al metropolitano de Buenos Aires en 2011 es otro de los aspectos que saldrá a colación en el dictamen, dado que un Real Decreto de 2002 prohibía la comercialización de elementos con este material. Hay planteamientos en el seno de la comisión que quieren definir esta operación como ilegal.
En su comparecencia, el exconsejero delegado Ignacio González Velayos manifestó que "jamás" se le habló de la cuestión del amianto y, en el caso concreto de la transacción, tampoco hubo ningún informe técnico al respecto.
Por otro lado, se hará mención también en la recopilación de los trabajos a la comparecencia de uno de los trabajadores con enfermedad profesional reconocida por exposición al amianto, Santos González Roldán, quien aseguró sentirse "maltratado" por el suburbano y subrayó que no recibió ninguna información relativa a la existencia de este material.
