MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado que el 'caso Guateque', en el que se investiga una supuesta trama de licencias express en el Ayuntamiento de Madrid, sea enjuiciado por un jurado popular al incluir delitos de su competencia.
En un auto hecho público hoy, la sección Sexta estima el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y una de las imputadas contra el auto de 27 de agosto de 2009 en el que el juez Santiago Torres acordó seguir la causa por los trámites de jurado popular.
Ahora, la Audiencia madrileña obliga al magistrado a continuar los trámites del proceso penal por los cauces del procedimiento abreviado, lo que implica que la instrucción se prolongará en los próximos meses.
Al conocer el auto de Torres para transformar la causa por los trámites de la Ley Orgánica del Jurado Popular, el Ministerio Público acordó interponer un recurso de apelación ante la Audiencia madrileña al entender que prevalece el delito de prevaricación, sobre el que no tiene competencia el Tribunal del Jurado.
La Fiscalía alegó que desde un principio la causa se incoó por eventuales delitos de prevaricación, que según la Ley, excluye de forma absoluta el procedimiento de jurado por conexión. Además, esgrimió que se trata de una causa extraordinariamente compleja, puesto que la proliferación de imputados e imputaciones hace prácticamente imposible la vinculación de la totalidad de delitos con los delitos que contempla el jurado popular.
En el auto, la Audiencia recurre a la doctrina jurisprudencial mayoritaria del Tribunal Supremo que establece que en los problemas para determinar la competencia del Tribunal de Jurado y la Audiencia en aquellos casos en los que se imputa a una persona dos delitos contra las personas, uno consumado y otro intentado, con el riesgo de romper la continencia de la causa, el enjuiciamiento corresponderá a la Audiencia".
El instructor del 'caso Guateque' entiende que el delito de cohecho, que es competencia del Jurado Popular, prevalece sobre el resto de imputaciones, algo de lo que estaba en contra la Fiscalía de Madrid y varios de los imputados al creer que predomina el delito de prevaricación sobre el de cohecho.