MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La complejidad de la investigación contra la presunta trama de tráfico ilegal de licencias ha obligado al juez Santiago Torres a paralizar varias causas internacionales por la excesiva carga de trabajo que supone la instrucción del 'caso Guateque', que implica la dedicación exclusiva del titular del Juzgado de Instrucción número 32, del secretario judicial y de los once funcionarios de la secretaria, informaron a Europa Press fuentes judiciales.
Entre otras causas, el 'caso Guateque' ha apartado la investigación de la operación 'Babel', en la que se descubrió un fraude de 35 millones de euros de una trama organizada dedicada a la importación de vehículos de alta gama para venderlos a través de concesionarios, sin abonar el impuesto de matriculación y el IVA. Otro de los procedimientos obstaculizados se refiere a una red internacional de falsificación de pasaportes.
Pese a que la operación va creciendo por momentos, el instructor se encuentra todavía a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le asigne los cuatro funcionarios que solicitó a finales de noviembre ante el volumen de la causa. Entonces pidió también al Ayuntamiento de Madrid ayuda directa para canalizar las denuncias aportadas por particulares, mediante la creación de una oficina receptora.
Por aquellas fechas, la investigación iba por la primera fase, que se saldó con seis encarcelados, de los que dos están ya en libertad bajo fianza. Pero a finales de en diciembre se produjo la segunda oledada de detenidos, con el resultado de seis personas enviadas a prisión.
Según estas fuentes, el juez continuó durante las navidades con la práctica de diligencias y retomó las declaraciones a los imputados y testigos, una vez superada la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia que obstaculizó la marcha de las investigación.
Actualmente, cumplen prisión Victoriano Ceballos, jefe de Análisis Ambiental de la Concejalía; Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental; Carmelo García Sánchez, ex funcionario de Urbanismo; y el empresario Santiago Castillo Morales.
También están encarcelados Manuel Sánchez Romanillos, de la Junta municipal de Salamanca; Domingo Sánchez Bote, de Chamartín; Miguel Ángel García Jodar; técnico del Área de Medio Ambiente; Alfonso Clemente García, que trabajó en la Junta de Carabanchel; y Fernando Ruiz Torrejón, de Urbanismo.
