Hidalgo advierte del peligro de caminar hacia modelos tributarios que han fracasado y no tienen encaje constitucional

Actualizado: miércoles, 5 abril 2006 19:58

La consejera de Hacienda cuestionó que el Gobierno central y un partido decidan los servicios públicos de otras regiones españolas

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, advirtió hoy sobre el peligro de "caminar hacia modelos tributarios ineficaces que han fracasado en los Estados federales más avanzados por su falta de eficiencia y que tienen un difícil encaje constitucional".

Así lo puso de manifiesto hoy durante su intervención en la mesa redonda 'Financiación autonómica: modelos y alternativas', celebrada en el marco de las jornadas "La Encrucijada territorial. Reformas Institucionales, Fiscales y Estatutarias", organizadas por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid.

Hidalgo sostuvo que el Gobierno socialista no sólo no ha desarrollado el actual modelo de financiación sino que lo ha debilitado con actuaciones como las derivadas de la Conferencia de Presidentes. Para la consejera de Hacienda el Gobierno central ha procedido de esta manera, entre otras cosas, porque "ha sido su moneda de cambio en los pactos de gobernabilidad y porque en su Programa Electoral prometieron modificarlo".

En este sentido, reconoció que el Gobierno de la Nación está legitimado para llevar a cabo una reforma del mismo, pero siempre dentro del marco constitucional y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y no en el de los estatutos de autonomía.

CONSENSUADO CON TODAS LAS REGIONES

La consejera apeló a que la reforma del Sistema de Financiación Autonómica que el Gobierno de la Nación "ha pactado con el principal partido de la oposición en el Parlamento de Cataluña" sea consensuado con todas las regiones para que siga garantizando los principios de solidaridad, igualdad y suficiencia.

Hidalgo cuestionó el hecho de que negociaciones del Gobierno central con un único partido decidan cómo van a ser los servicios públicos de otras regiones como Madrid, Extremadura o Andalucía. Por esta razón, abogó por mantener el principio de multilateralidad ante cualquier reforma del sistema de financiación autonómica por encima de negociaciones bilaterales que afectarán a la financiación de la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales del resto de regiones.

En cuanto al criterio de la Comunidad de Madrid ante un eventual cambio en el modelo de financiación, Engracia Hidalgo aseguró que deberán tenerse en cuenta factores estructurales como el crecimiento poblacional o el aumento de la población protegida, en el caso de la sanidad, que afectan directamente a la suficiencia del modelo.

"Las regiones más dinámicas y cuya población está creciendo en mayor medida -aseguró Hidalgo- son las mayores perjudicadas en su financiación per capita como consecuencia del aumento demográfico experimentado en España en los últimos años y ante la negativa del Gobierno socialista de desarrollar los mecanismos que contenía el modelo de financiación vigente". SOLIDARIDAD REGIONAL

Engracia Hidalgo, hizo también hincapié en la solidaridad como principio sobre el que debe cimentarse cualquier reforma del modelo de financiación, lo que permite "que todas las administraciones autonómicas tengan recursos suficientes para prestar los servicios transferidos en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, con independencia de la recaudación tributaria en cada comunidad autónoma y de su riqueza".

En relación a la distribución de la gestión tributaria entre el Estado y las comunidades autónomas, Hidalgo sostuvo que España tiene uno de los modelos más eficientes de los países de nuestro entorno y que por tanto en cualquier reforma "debemos intentar mejorarlo y no emprender caminos de los que otros países están intentando volver".

Por eso, desaconsejó la fragmentación de la Agencia Tributaria, propuesta en el Estatuto de Cataluña, puesto que podría generar ineficiencias en el sistema, así como poner en riesgo los principios de justicia, generalidad e igualdad. La disparidad de la información "provocaría una rebaja en la calidad de los servicios tributarios de cara a los ciudadanos, así como una posible deslocalización de los contribuyentes y, por tanto, la ausencia de control efectivo sobre los mismos", aseguró.