MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en reunión urgente celebrada el pasado 4 de marzo, ha aprobado pedir a la delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes, que aclare si la Policía tiene listados de abogados clasificados según los clientes a los que defienden.
Este paso viene después de que el abogado Erlanz Ibarrondo recurriera al Colegio de Abogados para pedir amparo tras comprobar en dos atestados policiales de la Brigada Provincial de Información que se incluía una referencia suya sobre su ideología para que se tuviera en cuenta.
De este modo, la Junta de Gobierno del ICAM ha concedido el amparo colegial solicitado por el letrado a quien "en diligencias policiales y con ocasión del derecho de defensa de su cliente detenido, se le identificaba con las causas que defiende y se le calificaba por las acciones de sus patrocinados".
Esto, a juicio del Colegio, "vulnera el derecho de defensa y atenta gravemente al respeto y consideración debidos a la profesión", por lo que la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno también ha acordado trasladar "de forma inmediata" a la delegada del Gobierno en Madrid su protesta por la actuación policial reseñada.
Asimismo, ha solicitado a Cifuentes el inicio de la pertinente investigación sobre los hechos denunciados y "la depuración de las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios policiales actuantes".
De la misma forma, ha requerido a la delegada información "sobre la posible existencia de listados de letrados en los que pudieran ser clasificados en atención a los clientes cuya defensa asumen o hayan asumido, y la remisión a todas las Comisarías de Madrid de instrucciones para que en ninguna de las actuaciones en que intervenga un abogado" ocurra esto.
De este modo, exigen que "no se viertan manifestaciones tendentes a identificarle con sus clientes y a calificarle por las causas en las que actúe, y menos aún dejando constancia escrita en diligencias policiales que forman parte del atestado".
La Comisión Ejecutiva decidió igualmente dar traslado de su acuerdo al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y al titular del Juzgado de Instrucción destinatario del atestado del que formaban parte las diligencias policiales reseñadas.
También reclama a los abogados del Colegio de Madrid el traslado a la Junta de Gobierno "de cuantas actuaciones puedan vulnerar el derecho defensa, para su inmediata y eficaz protección", han señalado desde el ICAM.
