MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, achacó hoy a la Ley del Menor la "atención muy deficiente, autoritaria y represiva" que ha denunciado el Defensor del Pueblo en algunos centros de protección a chicos en situación de exclusión social, "que abrió la puerta a la privatización de estos centros".
Además, solicitó la comparecencia en el Congreso del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, para informar sobre este tema, como taambién hizo ayer el PP.
En rueda de prensa en la Cámara baja, Llamazares aseguró que "la privatización de estos centros ha conllevado una desprofesionalización, un deterioro en la atención a los menores y, en algunos casos, actuaciones ilegales", por lo que solicitó una modificación en la Ley del Menor para que se garantice que "son centros públicos con garantías públicas".
"No queremos que sea un negocio para unas organizaciones que se dicen sin animo de lucro y en realidad son con ánimo de lucro", aseveró Llamazares, quien agregó que "a nadie se le pasa por la cabeza privatizar las cárceles".
Además, instó al Gobierno a "negociar con las comunidades autónomas la puesta en marcha de reglamentos y códigos de derechos y obligaciones" para el funcionamiento interno en estos centros, de modo que no "se deja inermes a los menores y a los propios funcionarios".
Llamazares consideró acertado que el Ejecutivo socialista haya puesto en manos de la Fiscalía este asunto, aunque precisó que esta medida, si no va acompañada por la anteriormente mencionadas, "es totalmente insuficiente".
