IU entrega a la Fiscalía General su solicitud de investigación del posible fraude en un contrato de la Comunidad

Europa Press Madrid
Actualizado: jueves, 22 abril 2010 12:20

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de IU Reyes Montiel presentó hoy en la Fiscalía General del Estado su solicitud para que ésta investigue el posible "fraude penal" por parte de la Comunidad de Madrid en la celebración de un contrato en 2006 con la empresa 'Marketing Quality Management' (MQM).

El escrito remitido a la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, indica que se trata de un contrato por valor de 1,25 millones de euros realizado por el IMADE para la elaboración de un campaña denominada 'Made in Madrid' cuyo objeto es la "realización del diseño, planificación y producción de una campaña de publicidad sin inserción en medios que transmitiera la importancia del desarrollo económico equilibrado de la Comunidad de Madrid".

Montiel reclama que la Fiscalía investigue los hechos y que una vez comprobada la identidad y responsabilidad de las personas de las que pudiera deducirse responsabilidad penal, "se incoen las acciones legales oportunas para el esclarecimiento de las mismas".

En su exposición, la diputada dice que el 7 de mayo de 2009 solicitó a través del registro de la Asamblea de Madrid que se le facilitara el expediente completo del contrato, adjudicado el 11 de octubre de 2006, y que "pasados cinco meses sin obtener respuesta alguna", le informaron de que debido al "volumen de información y precio de las fotocopias resultaba imposible" enviarle la documentación. Por ello, le instaban a acudir a un almacén de la localidad de Daganzo, donde estaba el expediente del contrato.

Del análisis de la documentación, Montiel observa varios hechos que "pudieran ser constitutivos de infracción penal", que pasa a relatar a la Fiscalía. Este es el caso del "abusivo precio" de la adjudicación que "solamente" tiene por objetivo "desarrollar la creatividad de una campaña". El precio es de 1,25 millones de euros.

Montiel critica la forma de adjudicación. En este caso, que sea la empresa 'Swat S.A.' la que se encargue de puntuar, evaluar y decidir finalmente qué empresa es la adjudicataria. En este punto, subraya que esta empresa, una consultora privada, es "adjudicataria del contrato 'Estrategia de Comunicación Institucional del Imade'" y que "aparece como colaboradora habitual con empresas vinculadas a las campañas electorales del PP, a nivel autonómico y nacional".

La diputada indica que la campaña "se va a desarrollar en plena campaña electoral" de 2007 y que a los cinco meses de la adjudicación, el 6 de marzo de 2007, se hizo una revisión del contrato por el que "se exime a la empresa adjudicataria del desarrollo del más del 80 por ciento de las acciones previstas" sin que haya una revisión del precio. Añade que la "excusa" para la revisión es que "en el mismo periodo hay otras dos campañas en marcha con contenido similar".

En quinto lugar, Montiel destaca que a la empresa MQM se le relaciona "de forma reiterada" con la empresa 'Easy Concept', que aparece en el sumario del caso Gürtel y asevera que las "supuestas pruebas gráficas" de la celebración de la campaña "pertenecen a la campaña sobre innovación tecnológica adjudicada a la empresa 'Ruiz Nicoli'".

PRUEBAS DE OTRA CAMPAÑA

En concreto, dice que las pruebas gráficas pertenecen a carpas localizadas en Coslada, Madrid, Leganés y Colmenar Viejo de la campaña por la innovación tecnológica y que "nada tienen que ver" con la adjudicada a MQM. En este punto, denuncia que no hay "ni rastro de esta campaña".

Además, dice que paralelamente a estos hechos, el 11 de octubre de 2006 "se adjudica otra millonaria campaña de creatividad, por 2 millones de euros, a 'Over Marketing y Comunicación', en teoría de apoyo a los autónomos y empresarios". "Esta campaña, al igual que la de MQM, se licita por el procedimiento de urgencia y tampoco hay rastro de ella. La presentación coincide en forma y fondo", apostilla.

Así, añade que es " especialmente preocupante el riesgo de destrucción de documentación que pudiera resultar decisiva para el esclarecimiento de los hechos y su posterior depuración de responsabilidades administrativas y/o penales".

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