IU pide la creación de un comité que controle la calidad de las grandes infraestructuras de la Comunidad de Madrid

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida (IU) presentará el próximo viernes ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la Asamblea una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno regional a crear "un comité de seguimiento y control de calidad de las grandes obras de infraestructuras realizadas por la Comunidad de Madrid".

Este comité tendría "libre acceso a la documentación y/o a las obras en todas las fases que conforman la misma", en referencia al "anteproyecto, el proyecto y la ejecución", y se encargaría de "informar de sus trabajos y dictámenes en la Comisión de Transportes e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid al menos una vez en cada periodo de sesiones".

La iniciativa, que correrá a cargo del portavoz de Transportes de IU, Fausto Fernández, destaca la necesidad de que integren este organismo "expertos jurídicos en procedimientos de contratación, arquitectos, urbanistas e ingenieros", así como "representantes de los agentes sociales y del movimiento vecinal".

"INCIDENTES" AGRAVADOS POR EL INFORME MELIS

El tercer grupo del Parlamento madrileño justifica su proposición no de ley por "las noticias conocidas en los últimos meses sobre los últimos incidentes en la ampliación de la red de Metro", que considera "agravadas" por las declaraciones del ex director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y actual responsable de las obras de la M-30, Manuel Melis.

El informe Melis, que reconocía la existencia de "deficiencias" en la construcción de la línea 9 que podrían haber causado "una catástrofe", genera, a juicio de IU, "una gran preocupación entre los ciudadanos, que ven cómo las prisas y los intereses electorales de los diferentes gobiernos han primado en la ejecución de las grandes obras públicas, frente a la seguridad en su ejecución y a la calidad de las infraestructuras resultantes".

En la exposición de motivos de la proposición, la coalición acusa a la Administración regional de haber actuado con "falta de transparencia y de rigor", advierte de la existencia de "fallos en el desarrollo de las grandes obras públicas", y concluye que "la primacía del calendario del Gobierno sobre otras consideraciones económicas, medioambientales, sociales e incluso de seguridad física de los ciudadanos lleva como consecuencia una falta evidente sobre el control de la ejecución de las obras y un incremento desorbitado del coste final de los proyectos, además de un grave peligro para la seguridad de los ciudadanos".