IU y PSOE exigen los ceses de Manzano y Valdivia por sus "responsabilidades políticas" en el caso Funeraria

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSOE e IU en Madrid exigieron hoy los ceses del ex alcalde José María Álvarez del Manzano y del gerente de la empresa mixta, Juan Antonio Valdivia, por sus "responsabilidades políticas" en la privatización del 49 por ciento de la empresa mixta de servicios funerarios de la capital hace casi veinte años por un precio total de cien pesetas.

Durante el Pleno ordinario celebrado hoy en la Casa de la Villa, los dos partidos de la oposición presentaron sendas propuestas con respecto a este tema, proposiciones que fueron rechazadas gracias a la mayoría absoluta del PP.

Así, el edil de IU Ángel Lara consideró que "el Ayuntamiento fue la principal víctima y perjudicado" de una privatización "fraudulenta, falaz y engañosa", que los responsables municipales de aquel momento realizaron "en defensa de los intereses del PP, y no de los madrileños".

Según el concejal, es "lamentable" que el Consistorio no estuviera a la altura de defender los intereses de los madrileños cuando se vendió parte de una empresa pública que, "en teoría, tenía una situación económica mala pero que en menos de un mes pasó a dar un montón de beneficios". "El problema es cómo se contabilizaban los datos, cómo se maquillaron para poder adjudicarla", apostilló.

"Este Gobierno no puede ignorar por más tiempo que Funespaña y sus gestores se han beneficiado injustamente de la privatización, que se dio a la empresa más pequeña y menos preparada de las que mostraron interés", consideró Lara, criticando asimismo que la parte minoritaria en el consejo de administración de la empresa mixta consiga el 65 por ciento de los beneficios, lo que ha llevado a que el Consistorio "haya dejado de percibir en estos años cien millones de euros", y exigiendo por tanto que se recupere le control del consejo de administración, donde el Ejecutivo local ostenta la mayoría.

Además, criticó la "complicidad injustificable" del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "al mantener a Valdivia como gerente del servicio funerario pese a ser autor de un delito de fraude fiscal y de falsedad documental", así como por compatibilizar su cargo actual con otros puestos de decisión en otras empresas funerarias, por lo que exigió su "destitución inmediata".

Finalmente, recordó que "la parte más débil" de esta privatización fueron "los trabajadores", y reprochó asimismo que en los presupuestos para 2010 la aportación a la Funeraria se reduzcan en un 50 por ciento.

TAPAR LAS VERGÜENZAS DEL PP

Por su parte, el concejal socialista Ramón Silva consideró que la actuación del PP en todo el asunto se ha debido a su interés por "tapar, ocultar, engañar, confundir... las vergüenzas" del partido, en vez de cumplir con su obligación de "defender los intereses de los madrileños".

Así, "por higiene democrática", Silva pidió que se estudien las posibilidades de reclamar responsabilidades civiles si aún es posible para "resarcir las pérdidas del erario público", así como que se cese a Manzano de la Presidencia de Ifema, porque "no puede representar al Ayuntamiento de Madrid en ninguna institución tras la condena de su teniente de alcalde, Luis María Huete, por prevaricación".

También reclamó el cese de Valdivia porque "aunque no ha sido condenado por la prescripción de sus delitos, la sentencia sí reconoce que los cometió".

ADJUDICACIÓN LEGAL

Sin embargo, el delegado de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, se negó a aceptar ninguna de las propuestas de la oposición, y recordó que, según las dos sentencias del Tribunal Supremo (TS), ni la privatización del 49 por ciento de la empresa fue fraudulenta, ni se ha causado ningún perjuicio a las arcas municipales, ya que Funespaña sí saldó la deuda de 2.264 millones de pesetas de la empresa mixta tal y como se había acordado, y así lo ratificó el Tribunal de Cuentas.

"¿No les parece excesivo ir más allá de lo que el TS establece en sus sentencias? Que yo sepa, en ninguna de las dos se dice que hubiera un perjuicio al patrimonio municipal, que hubiera un delito de estafa o que el beneficio de Funespaña sea ilícito. ¿Quieren que este Pleno sea un nuevo órgano jurisdiccional por encima del TS? Si la privatización hubiera sido fraudulenta, el Tribunal la habría anulado", apostilló el responsable municipal.

Así, criticó que la oposición, "agotados los recursos judiciales, pretenda el cese de funcionarios y de todo tipo de profesionales por un reproche moral, no jurídico". "Quieren una purga política de Manzano, que ni siquiera estuvo imputado. Lo que ustedes quieren se puede sostener políticamente, pero no jurídicamente. La sentencia no sostiene nada de lo que dicen", añadió.

"No procede ninguna de las propuestas porque la acción del Gobierno está precedida por la prudencia y la cautela que las resoluciones del TS exigen, y estudiamos minuciosamente la sentencia para determinar cualquier consecuencia que pudieran tener las actuaciones que hubiera que llevar a cabo", zanjó Calvo.