El Gobierno regional decía, basándose en un informe radiológico, que "lo más probable" era que el chico tuviera 18 años, lo que difería de su pasaporte
MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La titular del juzgado de Instrucción número 24 de Madrid archivó a finales de 2009 una denuncia interpuesta por la Comunidad por falsedad documental en el caso de un inmigrante al que debía tutelar la Agencia del Menor madrileña acerca del que existían dudas sobre su edad, ya que el informe radiológico que se le practicó apuntaba que "lo más probable" es que tuviera más de 18 años, algo que difería de lo que ponía su pasaporte. La magistrada consideró que el informe es "una prueba endeble" para determinar la edad.
Los hechos se remontan a los últimos meses del año pasado, cuando la presidenta de la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, interpuso una denuncia contra un ciudadano guineano por falsedad documental.
El denunciado había sido tutelado por la Comunidad de Madrid, pero se había sometido a una serie de pruebas radiológicas en las que se determinaba que "lo más probable" era que su edad superaba los 18 años, por lo que no había razón para que lo tutelara el Gobierno autonómico.
La presidenta de la Comisión de Tutela del Menor aportaba en su denuncia el pasaporte del afectado y advertía que la edad que en él figuraba difería de lo que había dicho el informe radiológico.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada subraya que le "llama la atención" que la Comisión de Tutela del Menor concluya que el pasaporte ha sido falsificado basándose "en una prueba tan endeble como es un informe radiológico que afirma que la edad más probable del menor es mayor de 18 años".
La juez subraya que estudios están siempre "sometidos a controversia" y destaca el pasaporte del chico "no mostraba ningún elemento notorio de falsificación". Es más, una prueba efectuada por el departamento de Documentoscopia de la Policía Científica certificó que el documento era auténtico.
Desde su punto de vista, "no es comprensible", teniendo en cuenta estos elementos, que la Comisión de Tutela del Menor presente en los Juzgados de Madrid una denuncia penal por falsificación documental, "máxime teniendo en cuenta que al ser la denunciante una entidad oficial podía, previo a ese paso, solicitar a la autoridad consular correspondiente que informara sobre la autenticidad" del pasaporte.
También destaca que durante este tiempo, el menor al que afecta el procedimiento se vio privado de la tutela y estuvo viviendo en situación de desamparo.
Por estas razones, la magistrada concluye que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal, por lo que acuerda el sobreseimiento libre y el archivo del procedimiento.
CASO DEL MENOR CAMERUNÉS
Este auto sale a la luz en una semana en la que la Fundación Raíces ha denunciado que el Instituto del Menor de la Comunidad de Madrid se niega a tutelar a un menor inmigrante de 17 años al dudar de la autenticidad de su pasaporte, pese haber sido expedido por la Embajada de Camerún y certificado por el propio embajador del país.
Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguraron tras la denuncia de la Fundación que el joven tiene una orden de expulsión del país proveniente de la Delegación de Gobierno de Granada y que por tanto, ellos se han limitado a "seguir los pasos".
Sin embargo, ayer el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, fijó mediante un decreto de determinación de edad en 17 los años del joven camerunés, lo que obliga, entonces, a que el Gobierno regional se haga cargo de la tutela del camerunés por tratarse de un menor.
En este caso, hay varios frentes abiertos que la abogada de la Fundación Raíces Sonia Rello considera que se van a solucionar porque "no tienen ningún sentido". Por un lado, el pasado miércoles, la Comunidad de Madrid interpuso una denuncia ante los Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla contra el chico por falsedad documental --lo mismo que ocurrió en el caso del menor guineano desestimado por la jueza--, archivando su expediente y obligándole a abandonar el centro de acogida de menores de Hortaleza.
Es un Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla quien ahora tiene que determinar si este documento es falso. "Creo que se va a archivar en cuanto el juzgado vea que está el certificado del embajador de Camerún", señaló la abogada.
Por otro lado, hay dos demandas, una presentada el pasado jueves y otra el viernes, en las que se pide que se obligue a la Comunidad de Madrid a asumir la tutela. "Esto tendrá que resolverse", apostilló. Mientras tanto, el afectado va a ser considerado menor de edad, y por lo tanto, tendrá los derechos de cualquier persona con menos de 18 años.
