MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez de Instrucción número 40 de Madrid, Enrique de la Hoz García, ha inadmitido a trámite una querella presentada por IU contra el director general de Política Financiera, Tesorería y Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Juan González Blasco; contra el presidente de la Comisión de Control de Caja Madrid, Pablo Abejas; y contra el representante del Gobierno regional en la Comisión de Control de la entidad, Cándido Cerón Escudero, por un delito de prevaricación en la entidad financiera, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
IU argumentó en su escrito que el Gobierno regional abrió tras la reunión de la Comisión de Control celebrada el pasado 16 de enero un expediente sancionador de manera "injusta" para inhabilitar al presidente 'gallardonista' de la Comisión de Control, Fernando Serrano, que había salido elegido en dicho encuentro, y posteriormente contra el secretario de la misma, Juan Gómez Castañeda, de IU.
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, expedientó a Serrano por la incompatibilidad entre su cargo como Defensor del Contribuyente en el Ayuntamiento de Madrid, el puesto de director general y el de miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid.
Antes de decidir sobre si abría una investigación, el magistrado acordó incoar 'asunto criminal indeterminado' respecto a la querella de IU contra los tres 'aguirristas' de Caja Madrid.
La decisión del juez suponía un paso previo a la admisión o inadmisión a trámite de la querella. Se trataba de recabar información para dirimir si procedía la apertura de diligencias.
'Oficiese a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid para que remita a este Juzgado un testimonio íntegro del expediente sancionador número 1/2009 incoado a Fernando Serrano Antón, y con su resultado se resolverá', señalaba la providencia.
Los querellantes también alegaron que la sanción se produjo "con la intención desde la Administración de manipular el proceso de un órgano soberano de una entidad independiente para buscar y producir un resultado determinado".
A su juicio, "la Comunidad intervino precipitadamente y no se atuvo a las garantías procedimentales que exige cualquier resolución en un Estado de Derecho".
