La jueza del caso FP cita a declarar como testigo a la directora del Área Territorial de Madrid Capital

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Instrucción número 39 de Madrid ha citado a declarar el 28 de octubre como testigo a la directora del Área Territorial de Madrid Capital y al subdirector General de Centros de Educación Secundaria en el marco de la instrucción del denominado 'caso FP', han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En la causa se investigan presuntas irregularidades detectadas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid en las obras realizadas en algunos centros de Formación Profesional de la región.

En junio, el empresario que destapó el 'caso FP' manifestó a la magistrada durante su declaración judicial que el procedimiento de facturación venía marcado por los equipos directivos de los centros de Formación Profesional.

Fue precisamente este empresario, dueño de la empresa Virelec, el que denunció el caso tras reclamar en septiembre de 2023 al Gobierno regional el pago de 1,4 millones de euros por trabajos ejecutados.

El empresario, que ejecutaba los proyectos de las obras, detalló a la jueza cómo comenzó el caso después de que reclamara a través de burofax los impagos, lo que le llevó a reunirse con dos asesores de la Comunidad de Madrid y propiciara que la Consejería de Educación activara una investigación.

El pasado mes de marzo, la jueza escuchó por otro lado los testimonios de dos directores de centros educativos de Formación Profesional y el exsubdirector general de FP de la Comunidad de Madrid durante 2021-2023, quienes apuntaron durante su declaración judicial a altos cargos de la Consejería de Educación.

En concreto, manifestaron que no tenían competencia "ni para recibir el dinero, ni para implantar los ciclos formativos, ni para ejecutar ningún tipo de gasto en obras, sino que les llegaban unos conceptos por los que tenían que gastar un dinero que les era ingresado en la cuenta del instituto, con unas facturas y lo que hacían era ejecutar esas órdenes que les llegaban".

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, en marzo del pasado año 2024, envió un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigara las presuntas irregularidades detectadas en las obras de reforma de un edificio del complejo educativo Ciudad Escolar y la implicación en las mismas de distintos funcionarios públicos.

Fue la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la que avanzó que el Ejecutivo madrileño se iba a personar cuando la instrucción lo permitiera. En concreto, reivindicó que fue el Gobierno autonómico quien acudió a Fiscalía para "investigar irregularidades detectadas" en varios centros ante la posibilidad de que se hubieran "fraccionado contratos".