A juicio una presunta trama hipotecaria que se cebó con personas en extrema vulnerabilidad

Los policías que llevaron la investigación detallan al tribunal el 'modus operandi' de la supuesta trama

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España).
Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 2 febrero 2026 13:46

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde este lunes a ocho personas y varias sociedades mercantiles acusadas de haber participado en una presunta trama de estafa hipotecaria continuada que habría operado entre los años 2006 y 2012, afectando a decenas de personas en situación de extrema vulnerabilidad económica.

El fiscal considera que los acusados incurrieron en un delito continuado de estafa agravada, solicitando para el principal procesado una pena de ocho años de prisión y multa de 24 meses, y penas de hasta siete años de cárcel para varios de los intermediarios.

Para otros acusados, las penas solicitadas alcanzan los cuatro años de prisión. Además, se reclaman importantes responsabilidades civiles, tanto a título personal como de forma subsidiaria a las empresas implicadas, para resarcir a las víctimas por las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia.

En las cuestiones previas, las defensas han aportado esta mañana al tribunal documentación relativa a escrituras de los préstamos hipotecarios firmados por las víctimas, que procedían de diferentes puntos de España.

En la primera sesión, han comparecido los funcionarios de la Policía Nacional que se encargaron de la investigación oficial. El mando policial que encabezó las pesquisas ha relatado que el caso se detectó a raíz de diferentes denuncias dispersas por comisarías de Madrid, centrándose en la mecánica de la estafa.

El agente ha relatado que la denunciante atravesaba una situación de extrema urgencia económica y necesitaba dinero de forma inmediata, por lo que contactó a través de un anuncio publicitario con los acusados al ofrecer financiación rápida a cambio de un crédito hipotecario, sin someter la operación a los controles habituales. Según ha explicado, las víctimas firmaban letras de cambio de buena fe, sin que se les entregara copia de la documentación.

Una letra de cambio es un documento mercantil mediante el cual una persona se comprometía a pagar una cantidad de dinero en una fecha determinada a favor de otra, en este caso, los acusados.

ESTAFA HIPOTECARIA

Según el escrito del fiscal, el principal acusado, administrador único de las mercantiles IRISAN Hipotecas S.L., IRISAN Gestión Hipotecaria S.L. y TRIA A.I.L.V. S.L., habría diseñado y dirigido presuntamente "un entramado financiero basado en la concesión de préstamos con garantía hipotecaria bajo condiciones abusivas y engañosas".

La Fiscalía sostiene que el principal procesado lanzó una intensa campaña publicitaria con mensajes como "dinero rápido", "créditos en un día" o "cancelamos embargos", dirigida a personas con graves dificultades económicas y necesidad urgente de liquidez.

Una vez captadas las víctimas, la operativa se apoyaba en intermediarios que negociaban y formalizaban los préstamos. De acuerdo con la acusación, los perjudicados acudían a notarías convencidos de que recibirían una determinada cantidad de dinero, pero en el momento de la firma se encontraban con escrituras que no reflejaban lo pactado.

El Ministerio Público subraya que, en numerosos casos, las cantidades que figuraban como entregadas en metálico nunca fueron abonadas realmente, pese a constar recibís firmados.

Además, las letras de cambio eran endosadas de inmediato a sociedades vinculadas al principal acusado o a personas de su entorno, lo que impedía a las víctimas saldar la deuda y generaba automáticamente intereses de demora desproporcionados. Esta mecánica desembocaba, según la Fiscalía, en ejecuciones hipotecarias que permitían a los acusados adjudicarse viviendas por valores muy inferiores al de mercado.

La causa recoge decenas de operaciones concretas, con préstamos que oscilaban entre los 15.000 y los más de 80.000 euros, en los que los afectados solo llegaban a recibir una parte mínima del dinero comprometido, perdiendo en muchos casos su vivienda habitual tras no poder afrontar los pagos.

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