La Justicia obliga al Gobierno regional a destinar 10 millones de euros a la adecuación de puestos de trabajo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo han dado la razón a UGT al reconocer la obligación del Gobierno autonómico de cumplir los acuerdos pactados en el convenio colectivo que se firmó en 2007 con los empleados públicos de la región para dar una dotación de 10 millones de euros a la adecuación de puestos de trabajo de la región.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la Sala de lo Social del Alto Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la Comunidad contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictada en junio de 2008.

La resolución judicial condenó a "la Administración autonómica a cumplir lo dispuesto en una de las disposiciones adicionales del convenio colectivo en relación con la distribución del fondo previsto en la normativa. Este procedimiento se inició a instancias de los sindicatos CSIT-UP (Coalición Sindical Independiente de Trabajadores-Unión Profesional) y la Federación de Servicios Públicos de UGT.

En octubre de 2007, el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre firmó en el convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid la dotación de 'un Fondo para Adecuaciones de puestos de trabajo de importe de 10.000.000 euros, conjunto para el personal laboral y funcionario de Administración y servicios'.

Según UGT, la aplicación de este fondo suponía la modificación de contratos de jornadas a tiempo parcial en contratos a tiempo completo. El sindicato destacó que la mayoría de estas relaciones contractuales se dan especialmente en servicios de atención directa como menores, residencias de personas mayores, servicios sociales, etc.

CONTRATO PARCIAL

En la sentencia, el Tribunal Supremo recalca que "la norma del convenio colectivo inaplicada afecta a la totalidad de trabajadores sujetos a contrato parcial".

UGT acusa a Aguirre de olvidarse de cumplir los acuerdos adoptados en su región para sus empleados públicos que supondría paliar "la situación de precariedad que durante años mantiene en la administración publica".

LA FSP-UGT de Madrid recurrió ante los tribunales para salvaguardar los intereses de los trabajadores. "Ahora solo le queda al Gobierno regional acatar la sentencia en la que la administración autonómica ha sido condenada a cumplir lo dispuesto en el convenio colectivo", aseveró el sindicato.

El cumplimiento de esta sentencia supondría la modificación de los contratos en las siguientes categorías: 191 puestos de auxiliares de enfermería; 150 puestos de educadores; 30 puestos de Auxiliares de control e información; y 20 puestos de titulado medio educador.