GETAFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid ha desestimado la reclamación del Getafe C.F. para que el Ayuntamiento de la localidad le abone la subvención pendiente del año 2011.
Según al sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, es inadmisible el recurso presentado por el club en relación a la inactividad del Ayuntamiento para cumplir el convenio de 2010 donde se fijaba la subvención que reclamó el presidente del Getafe, Angel Torres, durante su intervención en un Pleno municipal celebrado el 5 de octubre de 2011.
En aquel Pleno, Torres denunció la reducción de la subvención en 2011 a 1,5 millones de euros cuando en el convenio de colaboración firmado por el anterior Gobierno municipal estaban pactados 3,5 millones de euros.
En el fallo judicial se subraya que este convenio, "cuyo contenido (que incluye la cesión en exclusiva y gratuita de instalaciones municipales a una sociedad anónima deportiva) y en el particular de la subvención directa suscitaría además no pocas e interesantes reflexiones jurídicas sobre la naturaleza de las subvenciones otorgadas por un ente público como es el Ayuntamiento de Getafe a una sociedad mercantil como es el Getafe, a la luz de la normativa europea en materia de competencia y de la propia normativa interna de Defensa de la Competencia".
En este sentido, la sentencia advierte que la subvención directa otorgada por una administración pública a una entidad privada pudiera afectar directamente a la normativa europea y nacional en materia de libre competencia, por lo que "se entiende procedente la remisión del convenio objeto de este procedimiento, particularmente en relación con la subvención directa, a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, a la que corresponde aplicar lo dispuesto en la ley en materia de conductas que supongan impedir, restringir y falsear la competencia y en materia de ayudas públicas".
También se remitirá el convenio a la Comisión Europea, conforme a las competencias que le corresponden en materia de control de ayudas públicas.