La Ley de Responsabilidad por daños al Medio Ambiente afectará a 30.000 empresas madrileñas, afirma la Cámara

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Responsabilidad por daños al medio ambiente puede afectar directamente a 30.000 empresas madrileñas dedicadas a actividades industriales, de gestión de residuos, y de utilización y transporte de mercancías peligrosas, entre otras.

Así se puso de relieve, durante la jornada organizada por la Cámara de Comercio de Madrid para analizar el "Proyecto de nuevo régimen legal de responsabilidad por daños al medio ambiente" presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y con el que se aplica al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/35/CE.

Luis Peiró Montiel, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Comercio dijo durante su intervención que "la aplicación de esta Ley, tal y como está redactada ahora, colocaría a las empresas españolas en situación de desventaja competitiva con respecto a las de otros Estados miembros".

Peiró añadió que "los empresarios apoyan el objeto de la Directiva europea de establecer medidas de prevención para evitar daños sobre el medio ambiente. Y, en caso de producirse que las empresas asuman los gastos para su reparación ya que hasta ahora esto no estaba legislado y se ocasionaban casos tan nefastos para nuestro país como el de Aznalcollar, cuyo coste ha tenido que ser asumido por las Administraciones públicas".

Por su parte Francisco Fluxá, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de CEIM, dijo que el contenido de dicho proyecto va más allá de lo marcado en la Directiva, que por otra parte, será lo que establezcan los demás Estados miembros de la UE. Agregó que la Ley puede afectar directamente a 30.000 empresas dedicadas a actividades industriales, de gestión de residuos, y de utilización y transporte de mercancías peligrosas, entre otras.

ELEVADOS COSTES

En este sentido, los ponentes pusieron de manifiesto los elevados costes que supondrá para las empresas el cumplimiento de los requisitos exigidos en el proyecto de ley, llegándose en el caso de las pymes a comprometer su capacidad financiera.

La norma establece que las empresas deberán presentar una garantía financiera de 1 a 20 millones de euros en función de que la actividad presente riesgo leve, moderado, menos grave, grave o muy grave. Esta garantía financiera podrá constituirse mediante la suscripción de una póliza de seguro, la obtención de un aval, o la constitución de una reserva técnica.

El proyecto de norma es aplicable a los daños causados por empresas, aunque excluye de su aplicación a los daños causados por el Estado o por sus entidades, organismos o empresas; y capacita a las Comunidades autónomas para que decidan sobre su aplicabilidad a su administración.