Archivo - Varias instalaciones que se encargan de proporcionar seguridad al suministro eléctrico por si hubiera cortes y de evitar los picos de electricidad que pueden dañar los equipos, durante una jornada de puertas abiertas al centro de datos Digital R - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo
MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el nuevo decreto que agiliza y moderniza la tramitación de las instalaciones de energía eléctrica en alta tensión, con el objetivo de simplificar los procedimientos de autorización, comunicación, verificación e inspección, así como actualizar el régimen de responsabilidades y sanciones aplicable en este ámbito.
El texto sustituirá a la actual normativa de 2010 y permitirá acortar en dos años la tramitación en proyectos de infraestructuras críticas, como son las subestaciones de transformación, necesarias para el correcto suministro de colegios, hospitales o centros de procesamiento de datos (CPD), ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
Esta actualización tiene como finalidad adaptar la regulación autonómica en materia de garantía de suministro para un mayor aprovechamiento de la infraestructura existente.
En este sentido, eleva del 70% al 85% la capacidad de acceso de los transformadores en las subestaciones, en línea con el marco estatal recientemente definido, lo que permitirá liberar capacidad adicional y facilitar la conexión de nuevos proyectos energéticos en la región.
Con esta medida, el Gobierno autonómico quiere agilizar la tramitación y aplicar "con rapidez los nuevos criterios para acelerar el desarrollo energético en Madrid".
En concreto, el nuevo decreto reorganiza el procedimiento de tramitación de las instalaciones eléctricas en cinco grupos, manteniendo la estructura tradicional, pero introduciendo importantes simplificaciones. Gracias a esta medida, más del 20% de los expedientes que actualmente requieren autorización o comunicación se beneficiarán de una tramitación más ágil, han señalado desde el Gobierno autonómico.
La norma también refuerza los mecanismos para garantizar la restauración ambiental de los terrenos donde se ubiquen instalaciones de generación o almacenamiento sobre suelo rústico.
Se establece la obligación de presentar una garantía económica destinada al desmantelamiento y adecuación del terreno una vez finalizada la vida útil de la infraestructura, contribuyendo así "a la sostenibilidad y a la protección del territorio".
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