Luz verde al proyecto de ley de la Comunidad para ejercer acción popular en delitos en el desarrollo de eventos públicos

TRES CANTOS, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el proyecto de ley que permitirá al Ejecutivo regional ejercer la acción popular en los casos en que se atente contra el patrimonio natural, se dañe el histórico-artístico o se cometan delitos que afecten al desarrollo de eventos y espectáculos públicos.

El texto será remitido próximamente a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria. Esta normativa tiene el objetivo de reforzar la protección de determinados bienes y acontecimientos públicos de interés general frente a conductas delictivas de especial relevancia.

Esta medida se suma a las causas de violencia contra la mujer y de terrorismo en los que la Administración autonómica ya se persona para salvaguardar los intereses de las víctimas, sus familias y el conjunto de la sociedad, ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Para ello, el Ejecutivo autonómico modificará la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, con el fin de habilitar el ejercicio de la acción popular en procesos penales derivados de delitos de incendio y de atentados contra los recursos naturales y el medio ambiente que, por su impacto territorial, revistan una gravedad significativa.

Asimismo, se adaptará la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, para permitir la personación en los procedimientos penales relacionados con delitos de desorden público que hayan impedido o dificultado la celebración de acontecimientos de interés general, como ocurrió en la última edición de la Vuelta Ciclista a España, cuya etapa final se vio interrumpida por manifestantes y tuvo que suspenderse a varios kilómetros de la capital.

Por último, también se actuará sobre la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, con el fin de incluir los delitos sobre bienes de valor histórico, artístico, científico o monumental.

Aunque el Gobierno regional se persone para el ejercicio de la acción popular, la normativa no impide que la Comunidad de Madrid pueda intervenir cuando resulte directamente perjudicada (acusación particular), o para reclamar el importe de los daños ocasionados por el delito (acción civil), o que pueda ejercitar el resto de las acciones que estime oportunas.