MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han exigido "lealtad" al Estado y que emplee sus competencias para unirse en la lucha contra la contaminación con medidas como la revisión del impuesto especial sobre carburantes eliminando las ventajas fiscales que favorezcan la compra de vehículos diésel o el incremento de la financiación del transporte público de proximidad "alcanzando como mínimo los niveles de 2010".
La delegada madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y la concejala responsable en Barcelona de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, han presentado este miércoles desde el Palacio de Cibeles una batería con más de una decena de exigencias dirigidas al Gobierno central. Sabanés y Sanz han coincido en que la contaminación es un "problema de Estado", razón por la que ambas ediles han exigido "el máximo nivel de lealtad y que cada cual cumpla con su obligación".
Las exigencias planteadas al Gobierno central incluyen la modificación del impuesto de matriculación para priorizar los menos contaminantes, especialmente los Cero y ECO; la obligatoriedad de la identificación mediante el etiquetado establecido por la DGT en función del potencial contaminante, así como su perfeccionamimento con las etiquetas para motocicletas, ciclomotores no eléctricos y vehículos industriales hibridados de bajas emisiones; o el desarrollo de sucesivos programas PIVE para incentivar la renovación de los vehículos profesionales y turismos más contaminantes en NO2 y PM y que la ayuda tenga en cuenta criterios sociales.
DESCUENTOS EN FUNCIÓN DEL ETIQUETADO
Las dos ciudades plantean la aplicación de descuentos en función de la etiqueta ambiental de la DGT en los peajes de competencia estatal; la priorización de inversiones vinculadas a las infraestructuras ferroviarias y la habilitación de BUS VAO; una ley de financiación del transporte público estatal y modificar la Ley de tráfico para incluir como infracción grave o muy grave el incumplimiento de las medidas especiales de ordenación de la circulación por razones medioambientales.
También proponen modificar el Reglamento General de Circulación para prever medidas de ordenación de la circulación por razones ambientales; la revisión de la fiscalidad y tasas portuarias y aeroportuarias con el fin de permitir una mayor diferenciación en función del nivel de contaminación y promover medidas de competencia autonómica que tengan impacto en la mejora de la calidad del aire, como el control de calderas, la regulación ambiental de las VTC, legislación autonómica de movilidad sostenible aplicable a empresas o una mejora de los controles de las emisiones contaminantes en las ITV.
Inés Sabanés, por su parte, ha defendido que los planes municipales de lucha contra la contaminación, como el Plan A, "requieren la coordinación con el resto de administraciones porque hay cuestiones que las ciudades no pueden resolver", como por ejemplo, la afección en los aeropuertos, los carriles Bus VAO o medidas relacionadas con la fiscalidad de los coches diésel, asunto que ha calificado de nuclear.
24.000 MUERTES AL AÑO
Janet Sanz ha puesto el foco en que la contaminación es "un problema de Estado" y de salud pública que genera 24.000 muertes al año en España según un estudio ambiental de la UE. El Ayuntamiento de Barcelona, a su vez, ha elaborado un estudio que cuantifica las muertes prematuras en 600/700 al año, unidas al incremento de ingresos hospitalarios. "La inacción no es alternativa porque está en juego la salud de la gente", ha lanzado al Estado.
La edil ha cargado con el "sin sentido" de que haya incentivos fiscales para la compra de vehículos diésel por parte del Estado cuando las ciudades limitan el acceso de este tipo de coches en determinados episodios contaminantes.
Madrid y Barcelona han defendido el transporte público exigiendo que el Gobierno central no sólo no siga recortando en esto sino que aumente su contribución, como hacen los ayuntamientos. La concejala de Barcelona también se ha referido al coste que le supone al municipio la recarga de vehículos eléctricos, unos 4.000 euros al año el kw/h.
