Madrid perderá 230 millones si se aprueban las cuentas presentadas hoy según Bravo, que respalda la moción de FEMP

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, estimó hoy que la capital perderá unos 230 millones de euros de aprobarse el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados ante el Congreso de los Diputados, y suscribió totalmente la moción aprobada esta mañana por la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que volvió a contar con representación del Partido Popular.

En declaraciones a Europa Press, Bravo explicó que las cuentas propuestas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero suponen "no sólo una preocupación, sino una alarma en todos los ayuntamientos" de España.

En primer lugar, porque prevé una disminución de los gastos del Estado del 3,9 por ciento global, frente a una caída del 18,2 por ciento en las aportaciones a las corporaciones locales. Además, porque los consistorios incurrirán en un gasto adicional como consecuencia de la subida del IVA del 16 al 18 por ciento, y del 6 al 7 por ciento, lo que supone aproximadamente "el 1 por ciento del presupuesto de gastos".

"Pero es que además, frente a esta disminución de unos 3.000 millones de euros de las aportaciones del Estado a los ayuntamientos, las comunidades autónomas ven mejorada su financiación en un 10,8 por ciento, lo que sólo se puede deber a un error o a un desconocimiento profundo de la situación de los ayuntamientos", apostilló el concejal.

Este aumento de las transferencias a los gobiernos regionales no sería un problema si, tal y como pedía la FEMP, se hubiera vinculado la financiación autonómica a la local, de tal manera que un porcentaje de este incremento --y no del total de las transferencias-- sirviera para que los consistorios financiaran servicios impropios.

"Eso no se aceptó y ahora nos encontramos con que este modelo perjudica enormemente a los ayuntamientos", continuó Bravo. Otra de las razones del descontento de los responsables municipales es que el Ejecutivo central ha permitido a las comunidades autónomas retrasar hasta 2012 el pago de la deuda de 4.000 millones de euros por la liquidación de 2008 que mantienen con el Estado, lo que "perjudicará a los ayuntamientos, que tendrán menos entregas a cuenta el próximo año". "Esa decisión también se acordó sin incluir una compensación para los ayuntamientos", reprochó el concejal.

Así las cosas y si el proyecto de PGE prospera, el responsable de Hacienda calcula que, el año próximo, el Ayuntamiento de Madrid perderá 230 millones de euros con respecto a las cuentas actuales; Barcelona, 164 millones de euros; Valencia, 50 millones; Zaragoza, 37 millones; y Málaga, 36 millones. "Y habrá que añadir a eso la pérdida que se consolidará por la caída de los ingresos fiscales por actividad inmobiliaria", añadió.

MOCIÓN UNÁNIME

Ante esta situación, la Comisión Ejecutiva de la FEMP, que en su reunión de esta mañana contó con representantes del PP nueve meses después de su abandono de todos sus órganos, aprobó por unanimidad una moción en la que se pide al Gobierno central que el 60 por ciento de los 5.000 millones de euros de la segunda edición del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) "tenga carácter incondicionado".

"No pedimos un incremento del techo de gasto al Gobierno para que nos compense, sino sólo que, de los 5.000 millones recogidos en el PGE para la segunda edición del FEIL, el 60 por ciento (unos 3.000 millones) llegue a los ayuntamientos con carácter incondicionado, para poder compensar la pérdida de aportaciones, y que se pueda usar ese dinero para gasto corriente", puntualizó el delegado madrileño.

Según el Proyecto de Ley de PGE para 2010, estos 5.000 millones de euros deberán ser usados, como en la primera edición del FEIL, para inversiones, y tan sólo se podría 'liberar' un 15 por ciento, según la oferta realizada por el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves.

Sin embargo, las corporaciones locales ven ese porcentaje "insuficiente" porque "tan importante es un tipo de empleo como otro". "Está bien que el Gobierno haya tratado de compensar la pérdida de empleo en la construcción privada con una inyección en obra pública, pero si a partir de 2010 no se hace lo propuesto esta mañana, los ayuntamientos estaremos obligados a recortar servicios públicos, lo que se materializará en recortes de plantilla en las empresas que trabajan para los consistorios", matizó.

"De nada sirve crear empleo con el FEIL por un lado y destruir puestos de trabajo en servicios por otro por que los ayuntamientos no puedan hacer frente a esos servicios", insistió Bravo, pidiendo "sensatez y coherencia" al Ejecutivo central.

La propuesta de la FEMP acepta, por otra parte, que los 2.000 millones restantes del nuevo FEIL se destinen a inversiones en los sectores que el Gobierno decida, como puedan ser medio ambiente, dependencia o educación.

Así las cosas, la Federación ha emplazado a Zapatero a convocar una "reunión urgente con la ministra de Economía, Elena Salgado; con los representantes de los grupos políticos con presencia en la FEMP y con los portavoces parlamentarios, para trasladar (a Zapatero) la necesidad de reformar, vía enmiendas, los PGE sin cambiar el techo de gasto previsto".

Esta reunión debería producirse, según Bravo, "en los próximos días" y, en caso de que la respuesta sea negativa, el presidente de la FEMP, Pedro Castro, "convocará una reunión urgente 48 horas después de la Ejecutiva" de la FEMP para acordar futuras acciones.

Además, "ningún ayuntamiento presentará sus presupuestos hasta conocer los PGE definitivos". "Este año habrá una prórroga generalizada a expensas de saber cuáles son los ingresos con los que contaremos porque, en este momento y con este proyecto de ley, no es posible confeccionarlos, ni para las grandes ni para las pequeñas ciudades", aseguró el delegado, subrayando asimismo que la situación en los municipios pequeños es aún más crítica, al "desaparecer el fondo" creado para ellos.

VUELTA A LA FEMP

Con respecto a la vuelta del PP a la FEMP, que fue tachada de "excepción" y de "ejercicio de responsabilidad" por el portavoz 'popular' en este organismo, Fernando Martínez Maillo, Bravo reconoció que se trata de una "situación extraña" que se deriva de la necesidad de "unir fuerzas" entre todos los municipios.

Así, el ex vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la FEMP explicó a Europa Press que seguirá ocupando ese cargo cuando las cosas se normalicen siempre y cuando el PP no le "releve". "Yo presenté (en junio) mi renuncia escrita motivada por la expulsión de los 'populares' de las negociaciones sobre financiación local. Si el partido no me relega y si ahora hacemos causa común, seguiré en ese cargo", añadió.

Además, bromeó con que las "cifras que el Gobierno ha puesto encima de la mesa" han sido las que han permitido a PP y PSOE "superar sus diferencias" en la FEMP y volver a trabajar juntos en defensa de los intereses de las corporaciones locales.

Por último, y en referencia a la situación que se produjo el año pasado, cuando la FEMP aprobó por unanimidad una serie de peticiones para presentar en el Congreso que fueron respaldadas sólo por el Grupo Parlamentario Popular, el delegado de Hacienda madrileño se mostró confiado en que algo así no vuelva a suceder.

"Espero que las decisiones se tomen de forma colectiva. Por eso hemos aunado fuerzas, superado las diferencias. Si no se escuchan nuestras demandas, que son razonables, como de que cada alcalde decida dónde poner el dinero y que no lo dirija el Gobierno, los ayuntamientos deberemos adoptar medidas con unanimidad", zanjó, sin querer puntualizar qué servicios se verán afectados de no prosperar su moción.