MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El sindicato de funcionarios Manos Limpias presentará esta tarde ante los Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla una denuncia contra la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, por un delito de desobedencia y omisión del deber de perseguir delitos al no dar cumplimiento a la prohibición de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo de las concentraciones que se están llevando a cabo en la Puerta del Sol.
El secretario general del Sindicato, Miguel Bernad, ha indicado a Europa Press que la denuncia se interpondrá esta misma tarde ante el Decanato de los Juzgados. Bernad ha señalado que la denuncia se podría ampliar al Ministerio del Interior si la delegada del Gobierno confirma en una posible declaración si recibió órdenes para no disolver a los concentrados en Sol desde el pasado domingo.
En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, se expone que los simpatizantes del 'Movimiento 15M' han ocupado durante siete días la Puerta del Sol, "un lugar público sin la preceptiva autorización de la autoridad gubernativa (Delegación del Gobierno) y en contra de las resoluciones de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo".
Así, Manos Limpias señala que se ha desafiado "la prohibición de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo". El sindicato sustenta "la ilicitud cometida por la Delegada del Gobierno y el Ministro del Interior" con motivo a sus "actuaciones al margen de la Ley".
A juicio de Manos Limpias, es "evidente que la concentración en la Puerta del Sol de Madrid no tiene autorización y que la Delegación del Gobierno no ha actuado disolviendo la misma".
El sindicado considera que "a tenor de lo preceptuado en el artículo 408 del Código Penal se ha podido producir un delito de omisión del deber de perseguir delitos, cuyo Bien Jurídico Protegido no es otro que el recto y normal funcionamiento de la actividad de la Administración Pública".
"A tenor de lo preceptuado en el Artículo 410 del Código Penal, con el mismo bien jurídico protegido que el anterior, se ha podido producir un delito de desobediencia a dar cumplimiento de resoluciones judiciales, siendo una orden legítima dentro del marco competencial de su autor y con las formalidades legales", añade el escrito.
De este modo, la denuncia se presenta contra la delegada del Gobierno de Madrid, como autora, y subsidiariamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como inductor-cooperador.
Así, solicita que se tome interrogatorio de la delegada del Gobierno para ratificar si ha recibido o no instrucciones del Ministro del Interior para no disolver la concentración.
"Si de las diligencias que se practiquen se deduce la participación del Ministerio del Interior se debería deducir testimonio para remitir las actuaciones al Tribunal supremo, al tratarse de una persona aforada", concluye.
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