Mariño está dispuesta a escuchar a los ayuntamientos para negociar posibles cambios del texto, plazos inclusive

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, está dispuesta a escuchar a los ayuntamientos afectados por el problema de la Cañada Real Galiana (Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada) para negociar posibles cambios en el anteproyecto de ley que persigue solucionar esta cuestión, incluidos los referentes a los plazos para alcanzar el pacto social.

Fuentes de este Departamento explicaron a Europa Press que ésta fue la postura que la consejera mantuvo esta mañana durante la reunión que celebró con el grupo sindical del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid, donde acudió para reiterar que el texto presentado es el acordado con todas las partes (incluidos los consistorios) el pasado 7 de julio, y que no se ha cambiado "ni un ápice".

De hecho, Mariño destacó que la Comunidad de Madrid no ha inventado ningún texto "para engañar" o quitarse el problema de encima, y que el mismo tema de los plazos fue algo que se planteó en su día de la misma manera que a hoy se recoge en el texto del Ejecutivo autonómico, elaborado, según la propia consejera, con el consenso de todos.

No obstante, y pese a que el enfado entre las administraciones se puede entrever en las declaraciones públicas de unos y otros, la Comunidad está abierta a llegar a un consenso y cambiar los puntos con los que no se esté de acuerdo. De hecho, son conscientes de que pese a que el Gobierno regional apruebe el proyecto de ley, luego tiene que pasar por la Asamblea de Madrid, donde también se tendrán en cuenta las enmiendas.

Precisamente, la parte sindical del CES ha pedido que todas las recomendaciones que se hagan en su informe, se tengan también en cuenta a la hora de sacar adelante la futura ley. Así lo explicó a Europa Press el secretario de Políticas Sectoriales de UGT Madrid, Juan Luis Sierra, quien indicó que la posición y la información que presenta la Comunidad y los ayuntamientos no coinciden.

Los sindicatos, que parten de la base de que la vertiente social tiene que ser lo primordial en todo el proceso, le transmitieron a la consejera que lo importante es plantear "la necesidad de consenso" porque si la resolución no cuenta con unanimidad, "con ley o sin ley, el problema no se va a resolver".

Ésta es la razón por la que le han ofrecido a Mariño la posibilidad de que la Comunidad se plantee aprovechar el trámite del anteproyecto en el CES "para tener un margen" e introducir todas las recomendaciones y elementos de consenso de los "que ahora no existen" referentes, por ejemplo, los plazos para alcanzar el pacto social o llevar a cabo la desafectación.

Por su parte, el secretario de Política Institucional de CC.OO. Madrid, Jaime Cedrún, señaló a Europa Press que, tras conocer la postura de ambas partes, en el caso de los ayuntamientos de Madrid y Rivas "hay desconfianzas respecto al plazo" pero indicó que parece "razonable" que puede haber un plazo consensuado por todos.

"Ese es el elemento que tienen que negociar las administraciones, tienen que saber para qué son los plazos", apuntó el portavoz de CC.OO. quien, por otro lado, reconoció que es importantes que esos plazos existan porque tiene que haber "compromisos para que se cumplan los objetivos".

No obstante, es partidario de que estos plazos se vuelvan a revisar porque "si ya la salida va a ser difícil y va a llevar tiempo, lo demás, con el acuerdo social, se va a ralentizar". Cedrún consideró que, aparte del acuerdo social, "hay que intensificar las iniciativas de carácter educativo y sanitario" y poner en marcha medidas nuevas para actuar con las personas que están en los asentamientos ilegales.