Más Madrid formaliza ante el TSJM su demanda contra el Plan Reside por incumplir "requisitos básicos de forma"

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) su demanda contra el plan urbanístico impulsado por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida al considerar que incumple "requisitos básicos de forma" y que supone una "rendición al lobby inmobiliario y turístico".

Así lo ha señalado la concejala Lucía Lois en declaraciones remitidas a la prensa, en las que ha enmarcado este paso en la ofensiva judicial emprendida con el recurso contencioso-administrativo presentado a finales de octubre contra la aprobación definitiva por parte de la Comunidad de Madrid de la normativa municipal.

"Formalizamos nuestra demanda contra el plan expulsa (en referencia al Plan Reside) porque, lejos de regularizar los pisos turísticos ilegales como ha proclamado Almeida, su normativa supone una rendición al lobby inmobiliario y turístico. Cuando desde Más Madrid decimos que nos están robando Madrid, por desgracia aquí hay un ejemplo perfecto", ha declarado Lois.

La demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que el Plan Reside se articula formalmente como una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, si bien introduce una alteración sustancial del régimen de usos urbanísticos, especialmente en lo relativo al uso terciario de hospedaje.

Según el escrito, la modificación afecta de manera directa a diecinueve artículos de las Normas Urbanísticas del Plan General de 1997 e incide en los regímenes de compatibilidad, autorización y alternancia de usos en edificios residenciales, terciarios y dotacionales, con efectos estructurales sobre el modelo urbano y el uso residencial en amplias zonas de la capital.

Asimismo, expone que el plan divide la ciudad en dos grandes ámbitos regulatorios --el Área de Planeamiento Específico del Centro Histórico y el resto del suelo urbano-- sin fijar límites máximos de implantación del uso terciario hospedaje ni mecanismos efectivos de control de saturación turística por zonas.

El texto judicial señala además que el propio diagnóstico del plan reconoce la alta concentración de viviendas de uso turístico en distritos centrales, su impacto negativo sobre el parque residencial, la convivencia vecinal y el encarecimiento de la vivienda, así como la existencia de externalidades urbanas derivadas de la presión turística.

Pese a ello, sostiene que la normativa mantiene y amplía las posibilidades de implantación del uso de hospedaje, permitiendo su desarrollo en edificios completos de uso residencial y estableciendo regímenes transitorios de hasta quince años antes de una eventual reversión al uso habitacional, plazo que, según la demanda, carece de justificación técnica o económica.

"ABRE LA VEDA" A QUE VIVIENDAS SE CONVIERTAN A VUT "ILEGALES"

La edil ha advertido de que el plan "ha abierto la veda a que bloques enteros donde hoy viven familias, es decir, suelo residencial de la ciudad, pueda convertirse en edificios turísticos legales", lo que, a su juicio, constituye "una forma de arrodillar el derecho a la vivienda ante fondos buitres y grandes inversores".

En este sentido, ha apuntado a situaciones concretas como las de los vecinos de Gaztambide 22, Valverde 41 o los bloques del Duque de Liria en la calle Manuel, que, según ha afirmado, se encuentran amenazados por procesos de transformación de uso residencial a terciario de hospedaje "alentados por esta normativa".

Además de los elementos de fondo, como la previsión de un crecimiento "ilimitado" de la actividad turística, la falta de motivación para fijar en 15 años el cambio de uso de residencial a turístico o la "indeterminación" del concepto de vivienda asequible, Lois ha criticado que el plan incumple "requisitos básicos de forma".

En concreto, la demanda apunta a deficiencias en la documentación económica del plan, al considerar que el informe económico-financiero carece de análisis de sostenibilidad conforme a la legislación del suelo, no cuantifica impactos en las haciendas públicas ni valora comparativamente los usos afectados o el efecto del cambio de uso sobre el mercado residencial.

Asimismo, cuestiona la invocación del interés general al entender que se realiza de forma genérica, sin acreditar la necesidad, idoneidad o proporcionalidad de las medidas adoptadas ni su eficacia para proteger el uso residencial, objetivo declarado de la modificación urbanística.

"Es una chapuza porque no incluye ni memoria de sostenibilidad económica a la que le obliga la Ley del Suelo y su informe económico es pura inventiva y capricho", ha censurado la concejala, quien ha asegurado que su grupo llegará "hasta el final" contra lo que ha calificado como un "despropósito".

"HAREMOS CASO A LO QUE DICE LA FISCALÍA Y NO A RITA MAESTRE"

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha defendido la legalidad y eficacia del Plan Reside y ha subrayado que el Gobierno local hará caso de "lo que dice la Fiscalía" y no a "lo que dice Rita Maestre".

En declaraciones desde el Parque de la Cornisa, Carabante ha recordado que la Fiscalía avaló la actuación del Ayuntamiento tras una denuncia de Más Madrid, concluyendo que el Consistorio "actuó de manera diligente, destinando recursos materiales y realizando inspecciones" en viviendas turísticas ilegales. Según el delegado, el Ayuntamiento inspeccionó más de 2.000 inmuebles durante 2025 y restableció la legalidad en cerca de 600 de ellos.

"Lo que pretenden hacer es una enmienda a la totalidad del Plan Reside, que no se corresponde con la realidad", ha insistido Carabante, señalando que la normativa ha reducido más de un 15% las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad.

Además, ha destacado que las viviendas turísticas se concentran cada vez más en edificios exclusivos, "por tanto no perjudican la convivencia y la prueba de ello es que se reducen las quejas y las reclamaciones".

Carabante ha defendido también la tramitación legal del Plan Reside, explicando que "fue aprobado con firma de derecho, inicialmente en la Junta de Gobierno, sometido al trámite de información pública, contestadas las alegaciones, aprobado provisionalmente en Pleno y aprobado definitivamente por la Comunidad de Madrid, cumpliendo todas las garantías de procedimiento y con todos los informes perceptivos".

Por último, el delegado ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez, que "se ha mostrado no solo ineficaz, sino absolutamente inútil". "Porque lo que decían es que las viviendas turísticas ilegales no podrían anunciarse en las plataformas y lo que estamos viendo es permanentemente anuncios de viviendas turísticas", ha concluido.