MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de la Asamblea de Madrid evaluará mañana, martes, la solicitud realizada por los dos grupos de la oposición (PSOE e IU) para constituir una comisión de investigación que analice "el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, ejecución de obra y gestión del servicio público de explotación" de la ampliación de la línea 9 del Metro entre Madrid y Arganda del Rey y "el riesgo a que pudieron estar expuestos los usuarios de la misma" cuando esta infraestructura se inauguró en 1999.
La petición, que fue registrada el pasado martes por el portavoz del PSOE, Rafael Simancas, y el de IU, Fernando Marín, tiene como origen el informe sobre la obra realizado por el entonces director general de Infraestructuras, Manuel Melis, quien admitía, entre otras cosas, que en la línea 9 podría haberse producido "una catástrofe" si las cinco catenarias que cayeron sobre la vía del Metro hubieran impactado contra un tren, lo que habría "electrocutado" a sus pasajeros.
Los grupos de la oposición, que amenazaron con acudir a los tribunales si el PP no accede a su petición, consideran que su propuesta cumple estrictamente con el Reglamento del Parlamento madrileño, que en su artículo 75 establece como condiciones para que se constituya una comisión de investigación el apoyo de "dos quintas partes" de la Asamblea y el tratamiento de "un asunto de interés público" que sea "competencia de la Comunidad de Madrid".
RIESGOS Y SOBRECOSTES
El escrito registrado por PSOE e IU sostiene que la comisión de investigación debería analizar antes del próximo 30 de junio "tanto la redacción del proyecto como el expediente de contratación, así como la ejecución de las obras", a fin de determinar "si de aquéllas se han podido derivar pérdidas patrimoniales y/o perjuicios económicos para la Hacienda de la Comunidad de Madrid y sus potenciales últimos responsables". Del mismo modo, los comisionados se encargarían de "verificar si las instalaciones de esta línea de Metro se pusieron en funcionamiento con plenas garantías para la seguridad de sus usuarios".
Según los grupos de la izquierda madrileña, es necesario "analizar la gestión del servicio público de explotación de la línea ferroviaria (...) hasta el momento presente" y "proponer recomendaciones para evitar la generación de sobrecostes para la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como para establecer controles que garanticen la seguridad de los usuarios".
ESTUDIO JURÍDICO DEL PP
El Grupo Popular, que en un primer momento negó de forma rotunda la constitución de la comisión de investigación por boca de su portavoz, Antonio Beteta, se comprometió posteriormente a realizar un estudio jurídico sobre la cuestión. "Si la comisión cumple el Reglamento, la Asamblea la tendría que aprobar", admitió Beteta el pasado martes.
Dos días después, el vicepresidente regional primero y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, consideró "muy conveniente y muy necesario" que Melis explique su informe "detalladamente, con la mayor difusión posible y dónde y cómo él quiera".
