MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tener de socios a personas que defienden el uso de "la violencia y la sangre" para obtener beneficio político, y que están en el Congreso "después de haber matado a cientos de españoles".
Así lo ha señalado con motivo de la presencia de Sánchez en Ermua (Vizcaya) durante el homenaje por el 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
En este sentido, ha subrayado que hay que recordar al concejal fallecido a manos de ETA y a todos aquellos que han "luchado" por la libertad de los españoles y "que dieron su vida por defendernos. "Eso es lo que quiero recordar", ha dicho.
ENFRENTAR A LOS ESPAÑOLES
Respecto a la nueva Ley de Memoria Histórica, Monasterio ha denunciado que Sánchez quiera "abrir lo que los españoles habían cerrado" y "quiera enfrentar a los españoles y, de alguna manera, volver atrás".
"Nosotros estamos pensando en el futuro, estamos pensando en un proyecto para España que una a todos los españoles y si estamos unidos y no buscamos la confrontación ni el enfrentamiento, podremos superar y salir de los próximos meses y del año que viene, que va a ser muy complicado", ha reconocido la portavoz.
En concreto, esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en 'la nevera' al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo de ERC, que la considera insuficiente.
La ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983". Ese estudio deberá recoger "posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo".
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