MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha manifestado su rechazo a las normativas sobre alquiler turístico del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y ha advertido de que "supondrá la desaparición de la práctica totalidad de la oferta de vivienda turística en la ciudad".
La OCU se ha pronunciado sobre ambas normativas a través de un comunicado, en el que califica de "injustificadas" las restricciones impuestas a esta actividad y cree que "no reúnen los requisitos de necesidad y proporcionalidad que se exigen para para poder aplicarlas".
Así, pide una "regulación equilibrada" del sector que garantice "una oferta suficiente, el respeto a la convivencia y los derechos de los usuarios".
En concreto, defiende el derecho de los usuarios al "acceso a una oferta legal y amplia de servicios, que asegure la libre elección de los consumidores y proteja sus derechos como tales".
Además, añade que la normativa debe respetar el derecho de los propietarios a alquilar las viviendas de su propiedad en la formula que consideren más adecuada, y al mismo tiempo debe contemplar el cumplimiento de las normas de convivencia entre vecinos.
Para OCU, la combinación de ambas normativas "excede de la necesaria regulación para acabar en la casi absoluta prohibición del alquiler turístico en Madrid".
"Las limitaciones que legalmente puedan imponerse al alquiler para estancias vacacionales deben estar justificadas por razones de necesidad y proporcionalidad suficientes", sostiene la OCU.
Asimismo, considera que "no pueden imponerse las mismas exigencias legales para el ejercicio de la actividad para los empresarios y para los particulares, ya que esto limita el derecho de los propietarios y perjudica a los usuarios que no podrán optar por esta opción".
La OCU ha agregado que "el usuario de este tipo de alojamientos debe tener los mismos derechos y conocer si quien está detrás de la oferta es un profesional, que debe cumplir todos los requisitos necesarios para ejercer la actividad, o se trata de un particular".
Al mismo tiempo, señala la necesidad de regular la responsabilidad de las plataformas que ofrecen y condicionan este tipo de servicios y cobran un porcentaje del alquiler.
Por último, ha manifestado que confía que "al igual que ha ocurrido con otras normas similares, serán los Tribunales los que corrijan la normativa aprobada, limitando las restricciones impuestas y estableciendo el necesario equilibrio que garantice los derechos de consumidores, propietarios y vecinos".
