PAH exige al IVIMA la paralización del lanzamiento de ocho desahucios ante una "advertencia del Tribunal de Estrasburgo"

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha exigido este lunes al Instituto de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid (IVIMA) que paralice de forma cautelar el lanzamiento de ocho desahucios y ha pedido al director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid y gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), Juan Van-Halen, que se reúna con ellos para tratar de resolver los desahucios en los que las familias no cuenta con una "alternativa de habitabilidad".

Así lo ha indicado a Europa Press este lunes, durante una concentración frente a la sede del IVIMA, uno de los abogados de la PAH, Javier Rubio;, mientras que, desde la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, se ha explicado que el IVIMA "no tiene ningún desahucio previstos", por lo que estos ocho desahucios no se efectuarían.

Según la Consejería, lo que existen son procesos abiertos por impago en los que están involucradas personas que no han pagado la renta desde hace años y, además, no se comprometen a pagarla. En este sentido, un portavoz de la Consejería ha recordado que el IVIMA ofrece a los habitantes que se comprometan a pagar la posibilidad de disfrutar de una vivienda social por una "renta reducida", que puede llegar a oscilar entre los 40 y 50 euros.

Por su parte, miembros de la PAH se han concentrado frente a la sede del IVIMA y han entregado unos documentos para pedir la paralización de estos ocho supuestos desahucios, previstos para enero y febrero en Madrid y Fuenlabrada, porque entienden que el Gobierno "debe esperar una resolución definitiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ejecutarlos".

En la resolución a la que aluden los abogados de la PAH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió la paralización cautelar del desalojo de una vivienda del IVIMA, en la que viven una madre de 24 años con dos hijos pequeños en el barrio de Vallecas, para estudiar "en profundidad" el caso.

Según la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, la familia de la vivienda de Vallecas ocupó la vivienda de manera ilegal. "La ocupación de una vivienda del IVIMA hace que las otras familias que la necesitan unas 5.000, y que lo han solicitado por los mecanismo legales, se queden fuera", ha recordado fuentes de la institución.

En este sentido, han indicado que la resolución del Tribunal de Estrasburgo obedece a un "conflicto de intereses" entre la responsabilidad patrimonial del IVIMA y su derecho a recuperar sus viviendas sociales para poder ofrecérselas a otra familia que lo necesita con la necesidad de vivienda de la familia, en la que hay dos menores.

"Lo que no se tiene en cuenta es la tercera parte", han indicado desde la Consejería en referencia a la familia, de las 5.000 en espera, que debería habitar la vivienda ocupada y que la ha solicitado de acuerdo con la normativa vigente.

Así, desde el IVIMA han explicado que se ha pedido a la familia de Vallecas que desaloje la vivienda para que si lo necesitan, más tarde, puedan inscribirse en la lista de viviendas sociales, de acuerdo con el proceso que establece la legalidad. "A nadie que tenga una vivienda en el IVIMA se le deja en la calle", ha asegurado el portavoz que ha incidido en que la familia desalojada podría acudir a los servicios sociales de la Comunidad.