Archivo.- Manifestantes durante el intento de desahucio - Rafael Bastante - Europa Press
MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El segundo intento de desahucio de una familia vulnerable en el distrito de San Blas-Canillejas que lleva viviendo 12 años en un local ocupado de la Agencia de Vivienda Social (AVS) que han reconvertido en vivienda ha quedado paralizado este jueves sin fecha.
Decenas de personas, entre 70 y 100 según el Sindicato de San Blas-Canillejas, se han concentrado desde primera hora de la mañana frente a la vivienda ubicada en el número 14 de la calle Lenceros para impedir que se ejecutara el lanzamiento, previsto para las 9.30 horas.
El caso afecta a Tamara, su marido enfermo de corazón, y sus tres hijos --uno de con grado II de dependencia y discapacidad y otra con epilepsia, a la espera de evaluación sobre el grado de minusvalía--, que residen desde hace 12 años en este inmueble.
"Tamara se queda", han coreado los congregados, parte de ellos llegados desde la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol, cuando los efectivos de la Policía Nacional se han retirado del lugar. El lanzamiento por orden judicial previsto para este jueves, el segundo tras el aplazamiento del pasado 28 de septiembre, ha quedado paralizado sin fecha, que será comunicada "más pronto que tarde", han indicado desde el Sindicato San Blas-Canillejas.
Esta paralización del desahucio se produce justo el día después de la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años convertida en símbolo de la lucha por la vivienda tras su desahucio de la vivienda de Retiro en la que había vivido durante más de siete décadas.
En este caso, según ha explicado el Sindicato San Blas-Canillejas, no se ha ofrecido alternativa habitacional a esta familia, con alto grado de vulnerabilidad.
UN LOCAL OCUPADO ILEGALMENTE
Desde la Comunidad de Madrid han precisado que el inmueble "ocupado ilegalmente" es un local y no una vivienda, por lo que no puede destinarse a uso residencial. En este sentido, han indicado que se trata de un proceso de "ocupación ilegal" denunciado judicialmente mediante un procedimiento contencioso-administrativo, por lo que en ningún caso estaría amparado por los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno central.
Como es habitual en este tipo de procedimientos, la Agencia de Vivienda Social ha dado traslado del caso a los servicios sociales municipales "con antelación suficiente, para que puedan valorar la situación concreta y ofrecer las respuestas asistenciales y alternativas habitacionales que correspondan a esta familia" y han sido convocados para el día del desalojo.
En cualquier caso, la AVS mantiene "una estrecha colaboración" con los ayuntamientos de la región para que, ante situaciones de necesidad, puedan activarse las respuestas asistenciales que correspondan a cada caso. En esta línea, han recordado que si el Consistorio no dispone de una vivienda pública para atender una situación de emergencia, existen otras alternativas como la cobertura del coste de un alojamiento temporal.
"No podemos confundir vulnerabilidad con derecho a ocupar ilegalmente un inmueble. La vulnerabilidad debe recibir una respuesta social, pero esa respuesta no puede consistir en convertir una ocupación ilegal en una vía de acceso a una vivienda pública, y menos aún cuando el inmueble ocupado es un local que no puede destinarse legalmente a vivienda", han indicado fuentes de la Consejería de Vivienda que dirige Jorge Rodrigo.
En esta línea, han advertido que, de ser así, "se estaría perjudicando precisamente a las personas y familias vulnerables que cumplen los requisitos, esperan su turno y acceden a una vivienda pública por los cauces establecidos".
Finalmente, desde la Consejería de Vivienda han subrayado que la Comunidad "respeta las resoluciones judiciales y protege el acceso a la vivienda a todos los madrileños en igualdad de condiciones, siempre de acuerdo con la normativa vigente y los cauces legales establecidos para acceder a una vivienda pública".
