La patronal madrileña reclama a Delegación que la acampada de Sol esté disuelta cuando empiece la campaña electoral

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol.
Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol. - Alberto Ortega - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 26 octubre 2026 13:45

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Madrid que la acampada en la Puerta del Sol, que arrancó tras el desahucio de Maricarmen, esté disuelta, a más tardar, a medianoche del 13 de noviembre, cuando comienza la campaña electoral de los comicios general del 29 de noviembre.

Lo ha trasladado en un comunicado en el que ha reiterado su "pleno respeto al derecho fundamental de reunión y manifestación", pero en el que insiste en que este debe hacerse compatible con "los derechos del resto de los ciudadanos".

Ha explicado, en este sentido, que el pasado jueves remitió a la Delegación requerimiento solicitando medidas concretas, graduales y proporcionadas, para garantizar, entre otros, la "salubridad, movilidad y normal desarrollo de la actividad económica".

"Los datos trasladados por las distintas asociaciones empresariales y empresas afectadas evidencian un perjuicio económico y operativo creciente, que hace cada vez más necesaria la adopción de medidas proporcionadas para evitar su agravamiento", sostiene.

Entre los reclamos a Delegación figura que se garanticen las condiciones de higiene, evitando la acumulación de residuos, mantener permanentemente libres los corredores de seguridad y emergencia y preservar los accesos y la movilidad.

Por último, ponen el foco en las elecciones con su petición de que se disuelva antes del inicio de la campaña electoral, "sin perjuicio de que las circunstancias puedan justificar su finalización con anterioridad".

"CEIM confía en que la nueva situación abierta en la Delegación del Gobierno permita dar una respuesta expresa y efectiva al requerimiento presentado, concretando las actuaciones que vayan a adoptarse y garantizando una protección equilibrada de los derechos e intereses legítimos de todas las personas afectadas", remata.

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